La paradiplomacia chilena y la metáfora del esparadrapo

En innumerables ocasiones, también en esta columna, he sostenido que no se puede continuar de espaldas a los países vecinos. La inexistencia de relaciones con Chile ya no tiene explicación, no es buena ni lógica. Ambos estados deberían trabajar en un nuevo enfoque, sin los traumas del pasado.

Sin embargo, esto no significa que, apenas se nos mueva la cola, las autoridades de la Cancillería corran presurosas a firmar cualquier acuerdo sin medir las consecuencias del compromiso.

Al final del día, más allá de lo amistosos que podamos ser, las autoridades bolivianas deben tener en cuenta que manejan los intereses del Estado. Esta reflexión viene al caso tras los últimos acuerdos firmados en Santiago entre Bolivia y Chile hace un par de semanas.

Sin que sea muy visible, la administración del MAS ha alterado el orden que debe seguir la firma de acuerdos y tratados internacionales. En algún momento se deberá revisar la poco clara Ley 699, y,sobre todo, por qué un decreto reglamentario (D.S. 2476) puede estar por encima de leyes nacionales que identifican claramente a la Cancillería como cabeza de toda negociación y firma de acuerdos internacionales.

Aun así, este cuestionable decreto señala en su artículo 7mo, incisos III y IV, que el ministerio involucrado en la firma de un acuerdo internacional debe obtener una autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores“en función de los intereses del Estado”. Y este ministerio, como cabeza natural de los tratados internacionales, debe analizar la pertinencia de estos acuerdos con respecto a la política exterior del Estado.

Será interesante conocer cuál ha sido el razonamiento de la ministra Celinda Sosa y su raquítico equipo de colaboradores para autorizar la reconducción (devolución) de quién sabe cuántos miles de venezolanos que cruzaron de Bolivia a Chile en busca de mejores días para sus familias. Como si la culpa de un mal control migratorio en Chile fuera responsabilidad de Bolivia, que únicamente ha sido un país de tránsito en la dura ruta desde Venezuela de ciudadanos desplazados por el régimen de Nicolás Maduro.

Que nadie se confunda. Claro que está bien firmar acuerdos para un control fronterizo que combata a las mafias organizadas que aprovechan la permeabilidad de las fronteras en América Latina para moverse a sus anchas. Pero de ahí a resolver el problema migratorio causado por los venezolanos en Chile es otra cosa. Por ello, se entiende que en Chile se muestre como “histórico”, “inédito” y otros calificativos similares el acuerdo firmado entre autoridades de ambos países, tras el cambió de la posición boliviana de no aceptar de vuelta a estos migrantes hacia una posición inentendible de abrir las puertas a quién sabe cuántos miles de venezolanos y ciudadanos de otras nacionalidades para que entren a Bolivia, un país del que nunca partieron.

Todo con el justificativo de mejorar las relaciones bilaterales con Chile, según el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. ¿Y la Cancillería? Muda, no existe.

Por supuesto, tras la firma del acuerdo vino la crítica de exautoridades de la Cancillería y diplomáticos de carrera, separados del servicio exterior por el Gobierno de Luis Arce Catacora para instalar en su lugar a militantes del MAS, familiares de jerarcas masistas y otros personajes del poder judicial premiados por sus fallos favorables al Gobierno.

Estoy absolutamente seguro que a ninguno de los diplomáticos bolivianos que opinaron sobre este incomprensible acuerdo migratorio se le pasó por la mente protagonizar tamaño despropósito, como sañudamente lo describió la historiadora chilena Loreto Correa (Brújula Digital |01|01|25|), cuando señaló que los bolivianos que opinamos sobre esto “bien haríamos, esta vez, en dejar trabajar a las autoridades —nos gusten o no— y, sobre todo, en no parecer que se sangra por la herida porque no se toman las decisiones en las que uno hubiera deseado figurar”.

En muchas etapas de la historia boliviano-chilena, siempre han aparecido personajes, sobre todo en el campo diplomático, que hábilmente se han introducido en los círculos de decisión y opinión en Bolivia, buscando moldear la narrativa en favor de Chile. Utilizaron la adulación y otras artes para obtener ventajas estratégicas.

Es notable el caso de Aniceto Vergara Albano, ministro plenipotenciario de Chile en Bolivia, y Carlos Walker Martínez, secretario de la delegación de Chile en Bolivia durante el gobierno de Melgarejo en el siglo XIX.

Desde ese tiempo, aquellas actuaciones quedaron registradas en la historia diplomática binacional. Así fue como, por ejemplo, se aprovechó el decreto de Melgarejo del 18 de marzo de 1866, que proclamaba la “comunidad de la ciudadanía de América” y abría las fronteras de Bolivia. Luego se firmaron dos tratados bilaterales previos al de 1904, en los que se establecía la frontera con pleno reconocimiento de la soberanía de Bolivia en las costas del Océano Pacífico.

Hoy, como no hay relaciones diplomáticas, se están utilizando otros caminos, paralelos y mediáticos, una especie de paradiplomacia que aprovecha la enorme generosidad de los editores bolivianos (no sé si haya reciprocidad en ello) para atacar a los profesionales nacionales. Es como la “metáfora del esparadrapo”, que busca acallar la crítica interna.

Por supuesto, esa mirada, circunstancialmente generosa con Eduardo Del Castillo no fue la misma cuando Evo Morales lanzaba dardos hacia Chile. Allí sí, nada estaba bien y había que resaltar el lado oscuro de sus ataques. Ahora, según esas mismas voces, se debe callar y dejar actuar tranquilamente a las autoridades bolivianas.

Además, el tema del mar no se ha cerrado con el fallo de La Haya. Esta es solo una línea que Santiago busca consolidar desde 2018, y vaya que lo logró temporalmente con los dóciles “diplomáticos” bolivianos. Solo el presidente Luis Arce, cada 23 de marzo, esboza algunas líneas sobre la causa marítima que se pierden en la falta de seguimiento de un inexistente cuerpo diplomático.

Los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en su fallo del 1 de octubre de 2018, solo señalaron que no encontraron ninguna versión expresa en la que Chile se obligue a negociar con Bolivia el tema de su demanda marítima. Sin embargo, en el párrafo 176 instan a ambas partes a seguir negociando en el marco de la buena vecindad. ¿De dónde sale que el caso está cerrado?

Que los jueces de la CIJ hayan elevado excesivamente los estándares de lo que debe ser un acuerdo internacional, incluso resquebrajando los avances del nuevo derecho sobre los actos unilaterales que pueden constituir una fuente de obligación en el derecho internacional, es un tema que aún debe debatirse en el ámbito académico y diplomático de ambos países.

Sobre las aguas del Silala, Bolivia cumplirá con lo señalado en las conclusiones del fallo de la CIJ. Para ello, no se requieren veladas amenazas sobre lo que Bolivia debe o no hacer. Que hoy la Cancillería boliviana esté débil no significa que siempre seguirá así.

Bolivia y Chile necesitan sentarse a trabajar seriamente, sin apasionamientos. No es bueno solo buscar la atención de intereses coyunturales de una parte. Es cuestión de buena fe, principio fundamental del derecho, y, como señala el fallo de la CIJ, de trabajar bajo el principio de la buena vecindad.

El autor es periodista, abogado y diplomático