Reencauce del orden legal
La cesación de funciones de los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) puede marcar un antes y un después en la justicia boliviana.
El retorno del imperio de la Constitución, la ley de leyes, parece haber comenzado de buen paso con el fin de una situación insólita y reñida con el ordenamiento jurídico.
Los cuestionamientos de las acciones del TCP comenzaron hace mucho tiempo, cuando las decisiones de esa instancia demoraron el trámite legislativo necesario para la realización de las elecciones judiciales, en 2022. Y cuando estas tuvieron lugar, con un año de demora, solo fueron parciales y no se renovaron al 100% los altos cargos de la justicia en Bolivia.
Esa dinámica estuvo a punto de repetirse en las elecciones generales, pero la unidad y firmeza del Tribunal Supremo Electoral y del Órgano Judicial lo impidieron.
Pero el TCP continuó controlado por los cinco magistrados que prorrogado sus funciones y las ejercían fuera del límite constitucional impuesto a sus mandatos.
Fueron dos de los cuatro tribunos constitucionales electos hace casi un año quienes accionaron los recursos necesarios para cesar a los autoprorrogados.
Mientras las acciones judiciales en su contra prosperaban, “usurpadores de la administración de justicia constitucional”, como los llamó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, intentaron frenarlas, pretendiendo “atemorizar a todas las salas constitucionales y a todos los jueces que pudieran conocer acciones legales y constitucionales (en su contra)".
No tuvieron éxito, mientras la Sala Constitucional de Potosí examinaba una acción de libertad en su contra, decidieron poner fin a sus funciones poniendo un plazo de 10 días para ello.
La decisión no frenó ni mitigó el dictamen de los jueces potosinos que los cesaron de inmediato. Poco más más tarde, un juez de Santa Cruz emitió una orden de aprehensión contra cuatro de los cinco.
Y los cuatro tribunos constitucionales electos instalaron una sesión de la Sala Plena del TCP, eligieron a su presidente y la posesionaron
El orden legal retomó su cauce natural.
Es una buena señal del cambio que se necesita en la administración de justicia
La nueva presidenta del TCP, Paola Prudencio, anuncia una revisión profunda del trabajo de los magistrados cesados, y constata que en ese tribunal se acumularon más 17.000 causas sin tratamiento en los dos últimos años.
“Quienes intentaron gobernar este tribunal, con mandatos fenecidos, emitiendo resoluciones para proteger sus propios cargos y amenazar a otros jueces, han cesado en sus funciones. A partir de este momento, las puertas de este tribunal se cierran a la arbitrariedad y se abren nuevamente a la supremacía de la Constitución Política del Estado”, proclamó Prudencio.
Es un buen inicio del cambio esperado por todos para devolver su credibilidad a la Justicia boliviana.
