Preocupante informe sobre cultivos de coca
El más reciente informe sobre el crecimiento de los cultivos de hoja excedentarios en Bolivia que presentó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) no solo da cuenta de un aumento del 7 por ciento en un año; sino, del paso que el país ha dado de tránsito de sustancias ilícitas a productor con todas las consecuencias que esto implica para la seguridad, la salud pública y el desarrollo integral.
¿Qué revela el informe de la ONUDD? El documento revela que se registró en el último un incremento de la superficie cultivada de coca de 34 mil hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025. La cantidad de cultivos, además, supera ampliamente lo establecido en la norma nacional.
Según la Ley General de la Coca (Ley 906) en Bolivia, se permite un máximo de 22 mil hectáreas de cultivos de coca a nivel nacional. Con esta cantidad se cubre el consumo tradicional y el uso medicinal, los cultivos excedentes corren el riesgo de ser desviados a actividades del narcotráfico.
En esta ocasión, ya no se trata de un simple recuento de las hectáreas de coca cultivadas; sino, además, de una alerta sobre cómo se potencian los tentáculos del narcotráfico en Bolivia. La seguidilla de muertes del sicariato en el trópico de Cochabamba, Santa Cruz y Beni no son una casualidad; sino, que están vinculadas al crecimiento de las actividades ilícitas.
De hecho, el vigésimo tercer Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca en Bolivia 2025 puntualizó, sin el afán de estigmatizar a ninguna región del país, que el mayor crecimiento se registró en el trópico de Cochabamba, donde la superficie cultivada pasó de 14.275 hectáreas en 2025 a 17.471 hectáreas en 2025.
El director de la División de Operaciones de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Bo Mathiasen, advirtió de la presencia de mafias y conexiones con organizaciones de crimen organizado transnacional que operan en Bolivia.
“Hay mafias y hay conexiones con crimen organizado transnacional, operan en Bolivia también”, afirmó Mathiasen.
“Mathiasen explicó que estas organizaciones ampliaron sus actividades hacia otros delitos, entre ellos la trata de personas, la minería ilegal de oro y el lavado de activos. También alertó sobre la penetración de estas estructuras en instituciones estatales mediante hechos de corrupción y sus efectos sobre la estabilidad de la sociedad”, según publicó Los Tiempos.
Aunque el informe probablemente solo sirva para replantear la política antidrogas y quede opacado por la escasez de dólares, las filas en los surtidores y el aumento de precios de los distintos productos que afectan al país se constituye en un llamada de atención para las autoridades nacionales que deben redoblar los esfuerzos para derrotar al narcotráfico.
