Internet y el valor de los datos
Los datos son un tesoro. Sean personales o públicos; ordenados y analizados adquieren gran valor y pueden exhibir nuestra vida privada, narrar la historia de un país, el éxito o fracaso de una política, destapar un acto de corrupción, etc. Por eso es que hay mucho interés en ellos y debemos quererlos, saber conservarlos, resguardarlos o compartirlos.
La vorágine de Internet y las redes sociales ha sobreexpuesto el uso de los datos y está creando algunas tendencias. Dos de ellas son las políticas e iniciativas de datos abiertos, que promueven la publicación, difusión y uso sin restricciones; y la protección de dato, cuyo fin es generar mecanismos destinados a ponerlos a buen recaudo, principalmente los personales, que pueden recolectarse para fines perversos.
Bien aprovechados, los datos abiertos pueden tener efectos positivos en varios niveles: contribuyen a una planificación más efectiva en los tomadores de decisiones; mejoran la prestación de servicios públicos, facilitan la reducción de costos de operación y duplicación de esfuerzos en el Estado; ofrecen a las empresas oportunidades de decidir estratégicamente, promueven la innovación y una nueva industria de información.
Pero para el ciudadano, quizá el valor más significativo es la transparencia que le pueda proporcionar el Gobierno. Uno puede no utilizar estos datos, pero saber que están disponibles le genera mayor confianza.
En tanto la vulneración de la privacidad, tan fácil de ejercer en Internet y las redes sociales, si es que uno no sabe cómo protegerse, constituye un peligro evidente de recolección de datos que puede recaer en delitos y crímenes como la trata de personas y violaciones de privacidad, donde ya se ha incorporado estos modus operandi.
Ambas requieren políticas desde el Gobierno en todos sus niveles, instituciones u organizaciones,con tácticas de reacción más que de acción o prevención. Pero en un contexto así, ¿cuál debería ser nuestro rol como ciudadano?
Un primer punto debería ser estar informarnos sobre los temas que no están muy presentes en la agenda pública, o no en todas sus dimensiones. Por ejemplo, no se conoce sobre datos abiertos en Bolivia y los beneficios que tiene para la transparencia, la participación y la mejor toma de decisiones. Por otro lado, existe normativa, aunque escasa, sobre protección de datos y la experiencia que están adquiriendo los organizamos que atienden estos casos.
Segundo, estos insumos nos ayudarían a asumir una posición con respuestas a las preguntas: ¿Abrimos datos? ¿Cuáles datos deberían ser liberados y cuáles no? ¿Cómo sería una clasificación de datos pertinente a la realidad nacional en un contexto digital? ¿Qué política de datos promueve la transparencia y garantiza la privacidad? ¿Estamos ejerciendo nuestro derecho a la privacidad? ¿Qué estamos haciendo para proteger nuestros datos personales y los de nuestra familia? ¿Nos piden permiso para publicar nuestros datos? ¿Existe información disponible y sistematizada sobre privacidad en Internet?
Si bien son preguntas que apuntan al Gobierno nacional, departamentall y local; también merecen reflexión y propuestas de nuestra parte, las cuales deberían recaer en acciones ciudadanas concretas.Dñia
