Fiscal del caso Vera renuncia y juicio por el puente se dilata
La fiscal superior Janeth Álvarez que aprobó el procesamiento de la autoridad departamental, Óscar Vera, por las instrucciones que dio a tres fiscales anticorrupción presuntamente para favorecer al exalcalde Edwin Castellanos (MAS) por el puente caído renunció hace una semana, porque “era demasiado abuso”, informó el director de Asuntos Judiciales del municipio, Edwin Paredes.
Álvarez revocó el desistimiento que dictó en primera instancia su colega Miriam Escobar, quien rechazó investigar la denuncia que interpusieron los diputados demócratas en base a un audio que registró la conversación entre Vera y los fiscales: Sandra Mamani, Gustavo Ardaya y Juan Pablo Guzmán, en el cual les pedía dilatar la acusación contra Castellanos.
En parte de la grabación, presentada el 21 de abril, se escucha a Vera decir: “Así yo te diga no, más o menos me estás diciendo eso, o sea, no me vas hacer caso en no presentar la acusación ni ampliar la imputación, eso me estás queriendo decir”.
Álvarez revocó en junio el desistimiento que Escobar elaboró en abril y que consideraba que “no existía una relación fáctica clara y no existen los elementos necesarios para tomar una decisión”. Sin embargo, la segunda fiscal afirmó: “El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercerá la acción penal pública bajo el principio de legalidad, oportunidad, objetividad y responsabilidad”.
Después de dictar la resolución, Álvarez fue cambiada a Ivirgarzama, poco después presentó su renuncia al Ministerio Público.
El proceso contra la autoridad judicial departamental está a cargo de los fiscales Samuel Vargas y Erick Aparicio. La denuncia contra Vera se presentó por presunto prevaricato y otros cuatro delitos.
El abogado de la Alcaldía dijo que los tres fiscales que siguieron la instrucción del departamental, Freddy Luna, Hugo Espinoza y Nasli Ramírez, deben presentarse hoy en una audiencia disciplinaria. En tanto, que el proceso contra Vera está en el ámbito penal a denuncia de los demócratas.
Explicó: “En el momento que se presentó la acusación y el sobreseimiento (6 de abril) se cierra todo ámbito de investigación, pero ellos después presentan una ampliación de la imputación, o sea, es un acto reñido con todo principio de objetividad, transparencia y legalidad. Pero, sobre todas las cosas con una tendencia vinculada al audio de pretender favorecer a alguien”.
Añadió que la Fiscalía aún insiste para que el Juzgado de Instrucción Anticorrupción revise la ampliación de la imputación y mientras este conflicto judicial no se resuelva no habrá juicio.
“La Fiscalía de manera incomprensible insiste en la ampliación de la imputación de Castellanos y pide revisión”, declaró Paredes.
ADVIERTEN RIESGO PARA EL PROCESO
Los Tiempos intentó tener la versión del fiscal Óscar Vera en una conferencia que ayer dio sobre las mochilas, sin embargo, el funcionario se limitó a hablar del mencionado caso y no accedió a abordar otros temas como el puente.
Uno de los riesgos de ampliar la imputación contra Castellanos es que el proceso de investigación se extienda por tres años y las partes puedan solicitar la prescripción, con lo que, se tiene que volver a investigar desde el principio.
Por ahora, este hecho junto con las apelaciones que ha presentado uno de los coprocesados, Carlos Achabal, han generado un conflicto procesal.
