Tierras de Albarrancho valen Bs 60 millones, las piden para cultivar
Las 315 hectáreas de terreno del fundo Albarrancho, en el extremo sur de la ciudad, que están en disputa entre comunarios y el grupo Olmedo, pueden llegar a costar hasta 60 millones de bolivianos, por lo que la presión para urbanizar el lugar es muy fuerte, declaró ayer la secretaria ejecutiva del Sindicato Agrario Montecanto, Julia Orellana.
Por eso considera que las personas que se asentaron como poseedores y los Olmedo pueden haber sobornado a autoridades nacionales, departamentales y locales.
Pidió que la Fiscalía investigue los audios que se filtraron a la prensa en los que su abogada menciona varias veces que apeló a contactos para consolidar el derecho propietario de las 315 hectáreas con tres sindicatos cocaleros del trópico de Cochabamba.
Los cinco sindicatos agrarios de la zona Albarrancho pidieron ayer al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) el saneamiento de 295 hectáreas de tierras para el cultivo de maíz, trigo, papa y otros productos agrícolas.
San José, Montecanto, Tamborada C, Albarrancho y Caico solicitan que el INRA les otorgue el derecho propietario de los predios pese a que no cuentan con documentos que respalden su solicitud, dijo uno de los representantes del sector, Pascual Orellana.
“Estamos en posesión y cumpliendo una función económico social en las tierras con la siembra y pastoreo”, expresó el dirigente. Explicó que no necesitan papeles, porque la Constitución Política del Estado (CPE)los ampara porque trabajan la tierra y cumplen la función.
Julia Orellana rechazó que la familia Olmedo sea propietaria de 315 hectáreas de predios, debido a que, el pasado 1 de marzo, el INRA emitió una resolución de medidas precautorias que restringe la construcción de viviendas, la realización de trabajos y la venta de lotes.
Ayer, el INRA dijo que hará prevalecer el derecho propietario del Estado sobre las 315 hectáreas. En cambio, Carlos Olmedo sostiene que tiene el derecho propietario de las 315 hectáreas por una sentencia constitucional que anuló el saneamiento, pero el INRA inició un nuevo saneamiento.
NIEGAN ATAQUE A LOS ASENTADOS
La familia Orellana de la zona de Albarrancho negó haber organizado el ataque del viernes contra los asentados de las tierras, que ingresaron como “poseedores” con el consentimiento del grupo Olmedo.
Expresaron que para ellos se trató de un ataque preparado para incriminarlos en los hechos y justificaron la detención de algunos pobladores, porque estaban de paso.
La Policía investiga el hecho que dejó tres heridos, uno de dinamita y otro de balines.
