Comerciantes irán a proceso, pero no hay sanción para 8 funcionarios
Alrededor de 1.200 comerciantes de La Cancha serán procesados penalmente por haber vulnerado al menos tres normativas: la Ley de Mercados (48/2014), el Código Penal y el Código Tributario, informó ayer la jefa de Sitios y Mercados de la Dirección de Intendencia, María Quiroga.
Los procesos se iniciarán por la construcción de 10 mil casetas de dos pisos en La Cancha sin la autorización de la Secretaría de Planificación, como indica la Ley de Mercados. Además, porque los gremiales rompieron los precintos de clausura de más de mil puestos e impidieron que funcionarios de la Intendencia paralicen las obras dentro del mercado.
“Nosotros hemos enviado informes al Alcalde para que desde la Secretaría de Asuntos Jurídicos inicie las acciones correspondientes. Los comerciantes han hecho caso omiso a las clausuras y han seguido construyendo, y ahora ya están vendiendo como si nada hubiese pasado”, dijo Quiroga.
A criterio de la jefa de Sitios y Mercados, los comerciantes vulneraron tres artículos de la Ley de Mercados; el artículo 180 del código tributario, que sanciona con una pena privativa de libertad de tres a cinco años y multa de 6.000 UFV a quienes violenten el precinto de clausura para continuar con su actividad; dos artículos del Código Penal Boliviano: el 160, de desobediencia a la autoridad por haber desobedecido a los funcionarios de la Intendencia, y el artículo 161, por impedir que los gendarmes hagan su trabajo de control y clausura en La Cancha.
La secretaria de Asuntos Jurídicos, Rocío Peñaranda, señaló que espera el informe de la Intendencia para evaluar si existen o no delitos antes de iniciar cualquier acción.
Sin embargo, luego de más de siete meses de haber iniciado las obras en La Pampa y cinco después de que Planificación presentara un informe en el que detectó que la Intendencia autorizó la construcción irregular de casetas en al menos cinco mercados, Transparencia aún no emitió sanciones para los presunto responsables que son unos 10 funcionarios, entre ellos el exintendente Antonio Ferrufino.
El director de Transparencia, Juan Carlos Sánchez, señaló que la siguiente semana hará conocer el informe final sobre las investigaciones que hizo “desde octubre” sobre este caso.
En agosto de 2019, el secretario de Planificación, Rafael Sainz, señaló que los funcionarios vulneraron dos artículos del Código Penal: el 153, que establece sanciones a funcionarios que emitan resoluciones contrarias a las leyes, y el 154, que tipifica el incumplimiento de deberes por no controlar.
Además, alertó que estas construcciones ilegales se realizan sin cumplir las normas básicas de seguridad para precautelar la vida de los comerciantes y los compradores.
“Hemos pedido documentación para ver si hay penal. No podemos decir que hay proceso sin tener pruebas”, Peñaranda.
