Gobierno indaga “autoatentado” en Vinto; Alcaldesa ve persecución
Una comisión interinstitucional intervino ayer la Alcaldía de Vinto para indagar si el ataque y secuestro de la alcaldesa Patricia Arce, en 2019, fue un “autoatentado”. También se averigua la presunta firma irregular de contratos, planimetrías y traspaso del hospital Esperanza.
La comisión está conformada por representantes del Ministerio de Justicia, la Procuraduría General del Estado y la Contraloría.
El director de Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia, Mathias Kutsch, afirmó: “Venimos a hacer un trabajo técnico” con el fin de “trasparentar las denuncias”. Descartó que se trate de amedrentamiento y persecución política. Prevé dar resultados el viernes.
La Alcaldesa de Vinto declaró que “las puertas de la Alcaldía están abiertas y todo el personal está presto a dar toda la documentación”. Sin embargo, lamentó que “ya se presente a Vinto como un municipio corrupto; la verdad, esto es una persecución política. Tengo 15 procesos, pero estoy para dar la cara”.
Al ser consultada sobre quién está detrás, dijo: “Sabemos muy bien que me ha amenazado públicamente el Ministro y, bueno, no le tengo temor, estoy acá recibiendo a la comisión para que ingrese al municipio”.
En septiembre pasado, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, al ser abucheado en un acto en Quillacollo, dijo: “Claramente era gente de otro lugar. Yo les puedo decir de qué lugar los han acarreado. Han venido de Vinto. Es la misma persona que ha estado bloqueando, ha estado haciendo cosas que van en contravención a la Constitución y las leyes. La Alcaldesa de Vinto es una señora que está en busca de problemas y los va a encontrar”.
Hipótesis diferente del atentado
El Director de Transparencia manifestó que la intervención se realizará durante tres días para detectar presuntas irregularidades de la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce (MAS).
Asimismo, justificó la intervención porque el Gobierno municipal no habría atendido las solicitudes de informe del Ministerio Público, la Procuraduría y el Viceministerio de Transparencia.
El Gobierno nacional tiene una versión distinta a la que dio la alcaldesa Patricia Arce, en 2019, cuando denunció el atentado y quema del edificio municipal presuntamente por el grupo denominado la Resistencia, pues considera que pudo tratarse de un “autoatentado”.
