Ciadi deja suspendido laudo por Quiborax
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) decidió ayer mantener suspendido el laudo arbitral que obligaba Bolivia a pagar 48,6 millones de dólares a la chilena Quiborax, hasta la conclusión del procedimiento de anulación, informó el procurador general del Estado, Pablo Menacho.
“El hecho que Bolivia haya cumplido siempre con sus obligaciones internacionales, así como su buena fe para solicitar la anulación del laudo conforme se lo permiten las normas internacionales, han permitido que el Tribunal decida mantener suspendida la ejecución del Laudo”, informó el procurador, citado en un boletín institucional.
El Estado boliviano presentó su solicitud de anulación el 21 de septiembre de 2015, conforme al Convenio Ciadi y a las reglas de arbitraje de ese tribunal.
Entre los cuestionamientos planteados por Bolivia al laudo, están la extralimitación de facultades por parte del Tribunal que conoció el arbitraje, el quebrantamiento grave de normas de procedimiento y la falta de fundamentación de la decisión.
La controversia surgió durante la gestión del expresidente Carlos Mesa, que anuló a mediados de 2004 las concesiones mineras de la empresa boliviana Non-Metallic Minerals, en la que Quiborax tenía participación.
La empresa Quiborax, según una publicación del diario El Mercurio de Chile, denunció que Bolivia dilata el arbitraje que enfrenta por la expropiación de concesiones mineras de una filial de esa firma chilena ocurrida en 2004. La firma chilena representada por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, solicitó en diciembre pasado que se reanudara la etapa de cumplimiento del fallo del tribunal arbitral que en septiembre de 2015 determinó el pago de una indemnización.
COSTO DEL PROCESO
El arbitraje por el caso Quiórax fue determinado por la Ciadi en cinco cuotas de las que no se define a cuánto asciende, pero que debió ser asumido por ambas partes (Quibórax y Bolivia). Según El Mercurio, el costo del proceso ascendió a cerca de 700 mil dólares y fue asumido por la empresa demandante. Añade que Bolivia sólo pagó la primera cuota, pero desde 2010 se negó a pagar las cuotas restantes.
