Violentos allanamientos en viviendas venezolanas
Caracas |
Vecinos del complejo residencial Los Verdes, en un barrio de Caracas, denunciaron que el pasado martes los efectivos de diversos cuerpos de seguridad venezolanos tumbaron con las tanquetas las verjas y entraron en algunas residencias sin orden judicial en busca de “terroristas”.
La orden judicial no estaba en el parabrisas de la tanqueta ni en la mano de ninguno de los agentes que subieron planta por planta en busca de los “guarimberos”, de los que el Gobierno llama “terroristas”, que hacen del barrio de El Paraíso, en el oeste de Caracas, uno de los principales focos de lucha contra el Gobierno.
En dos meses y medio de protestas contra el Gobierno ya son más de 70 los muertos en todo el país, sobre todo en Caracas. Y el fin no parece cerca.
El martes parecía un día más de calles bloqueadas, piedras, cócteles molotov, bombas lacrimógenas y perdigones. Una jornada normal en Venezuela desde abril.
Territorio opositor
El Paraíso es un barrio tradicionalmente antichavista de clase media pero ahora muy venido a menos. Y es el lugar de encuentro de protesta para las zonas populares cercanas.
Varios de los jóvenes de la autodenominada “Resistencia” residen en Los Verdes, donde a muchos otros les prestan ayuda logística ya sea con comida, bebida o incluso protección.
El martes los jóvenes encapuchados se refugiaron en los bloques, pegados a la principal autopista de Caracas, desde donde lanzaron todo lo que encontraron contra la Policía, reseñó ayer la edición digital de la BBC Mundo.
Pero las fuerzas de seguridad ya no se limitaron a las bombas lacrimógenas.
A las 18:00 horas entraron al complejo. Tumbaron las verjas de metal amarillo, y agentes cubiertos completamente de negro revisaron planta por planta. Buscaban a los muchachos que desde hace dos meses tienen en jaque a las fuerzas del orden y al Gobierno.
“Apegados a la Constitución”
Al final detuvieron a 23 personas, según informó el ministro del Interior, Néstor Reverol, y se incautaron diversas armas. La causa del allanamiento, según el Gobierno, es debido a cinco agentes heridos por armas de fuego durante las protestas.
Pero no quedó en la detención. Los vecinos denuncian violencia, destrucción de ascensores, de puertas, amenazas, robos, vidrios rotos en unos 100 vehículos aparcados en el garaje subterráneo y hasta el sacrificio de un perro, Cross, que se ha convertido en una suerte de héroe canino de la lucha antigubernamental.
“Nosotros actuamos apegados en todo momento a la Constitución y a las leyes”, dijo el miércoles Carlos Pérez, director de la Policía Nacional Bolivariana, uno de los cuerpos que participó en el allanamiento.
Pérez lo llamó “intervención conjunta para restablecer el orden” y dijo que fue una orden directa del ministro Reverol y del presidente Nicolás Maduro.
Violación
Muchos abogados denuncian que es una violación del Estado de Derecho y del debido proceso. Por su lado, la oposición denuncia continuamente la violencia de las fuerzas del orden.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, ha admitido “atrocidades” en otras situaciones y hay muchos videos en las redes sociales en los que se ve a agentes robar a ciudadanos.
El Gobierno dice que las protestas tienen un fin violento y tilda de “terroristas” a los manifestantes.
RECHAZAN SOLICITUD DE FISCAL
El Tribunal Supremo de Justicia venezolano (TSJ) declaró ayer “no ha lugar” la solicitud hecha por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, para investigar y llevar a juicio a ocho magistrados de la máxima corte.
El TSJ, en Sala Plena “declaró no ha lugar” la solicitud Ortega Díaz contra seis magistrados titulares y dos suplentes de la Sala Constitucional para ser investigados por la decisión de esa corte con la que asumieron las facultades del Parlamento, dio a conocer el propio tribunal en un comunicado.
En consecuencia el máximo tribunal decretó “el sobreseimiento de la causa”.
La fiscal general había solicitado se retire la inmunidad de ocho magistrados por cuanto “pudieran estar incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado a la nación, previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal”, afirmó la titular del Ministerio Público.
DENUNCIAN AL CONTRALOR Y AL DEFENSOR
El diputado opositor Juan Miguel Matheus introdujo ayer una denuncia ante la Fiscalía contra el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y el contralor general, Manuel Galindo, por el delito “de falsedad documental” en la designación de los magistrados del Supremo a finales de 2015.
“Tarek William Saab y Manuel Galindo incurrieron en el delito de falsificación documental tipificado en el artículo 317 del Código Penal”, dijo Matheus al explicar que para la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hay dos etapas y que la segunda no se cumplió.
El diputado señaló que el procedimiento para la designación de magistrados está contemplado en la Constitución y en la Ley Orgánica del TSJ y que primero se deben evaluar a los aspirantes en el Comité de Postulaciones del Legislativo y luego en el Consejo Moral Republicano (CMR).
