El Parlamento de Cataluña debatirá el lunes la declaración de independencia
BARCELONA |
El presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, informará el próximo lunes, 9 de octubre, al Parlamento catalán sobre los resultados del referéndum ilegal independentista del pasado domingo y detallará sus "efectos" sobre una eventual declaración unilateral de secesión.
El Parlamento catalán ya tiene fijado en el pleno como único punto del orden del día la comparecencia de Puigdemont, sin que se mencione específicamente una declaración de independencia, aunque el presidente de Cataluña ha dejado ya claro que esa es su intención una vez se declaren como oficiales los resultados de la consulta.
Según la ley catalana del referéndum, "dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por parte de la Sindicatura Electoral, (el Parlamento) celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña".
Sin embargo, tanto esta ley regional como la convocatoria del propio referéndum, firmada por el Gobierno catalán, fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional (TC) español.
Por este motivo, el secretario general del Parlamento catalán, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, advirtieron hoy a los miembros de la Mesa del Parlamento del "deber de impedir o paralizar" iniciativas como la de celebrar un pleno para declarar la independencia.
Además, la Sindicatura Electoral (órgano de supervisión del proceso electoral) había dimitido después de que el TC impusiera a sus miembros una multa de 12.000 euros diarios para imponer el cumplimiento de la suspensión de la ley del referéndum.
El Parlamento catalán aprobó la ley el 6 de septiembre pasado con los votos de la coalición gobernante de centro y republicanos de izquierda de Junts pel Sí (JxSí) y los anticapitalistas independentistas de la CUP.
En la consulta ilegal participaron 2,2 millones de personas, sobre un censo de 5,3 millones (42 %), y el 90 % de los votos fue a favor de la independencia, siempre según datos del Gobierno regional de Cataluña.
Pero la Junta Electoral Central (JEC) de España negó hoy cualquier valor a esos resultados de la votación, y así se lo comunicó al Gobierno español, al catalán, y a distintas instituciones europeas y a Naciones Unidas.
En las últimas horas, y en especial tras el contundente mensaje que dirigió ayer el Rey en defensa de la unidad de España, se han producido diversas iniciativas para lograr algún tipo de mediación entre los gobiernos de Madrid y Barcelona.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, rechazó hoy mismo la propuesta del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de buscar una mediación porque considera que no puede hablar con quien ha planteado un "chantaje tan brutal al Estado".
Aunque el líder de Podemos ha dicho que Rajoy no le ha contestado con una negativa, desde Moncloa se subraya que el jefe del Ejecutivo le ha explicado que lo que tiene que hacer Puigdemont es renunciar a la declaración unilateral de independencia, que "no es negociable".
La posibilidad de un declaración de independencia unilateral y sus consecuencias ha disparado la preocupación de las empresas establecidas en Cataluña, algunas de las cuales, han sido severamente castigadas en las dos últimas sesiones bursátiles.
El mercado español cayó hoy un 2,85%, la mayor caída desde el "brexit", por el nerviosismo de los inversores, mientras que la prima de riesgo subió a 133 puntos básicos, siete más que ayer.
En el plano judicial, la Audiencia Nacional española citó hoy como investigado por "sedición" al jefe de la Policía autonómica de Cataluña (Mossos D'Esquadra), Josep Lluis Trapero, por el asedio a la Consejería de Economía durante un registro las Fuerzas de Seguridad en Barcelona para evitar el referéndum.
Además, la Unión de Guardias Civiles denunció ante la Fiscalía a Trapero por considerar que organizó "un operativo fraudulento e ineficaz" el 1 de octubre, con lo que "alteró el orden social".
La actuación de los Mossos D'Esquadra el día de la consulta ha sido muy cuestionada, ya que tenían la misión de desalojar, por orden judicial, los centros de votación, pero no lo hicieron.
