La justicia alemana decide que Puigdemont continúe en prisión
La justicia alemana abrió ayer el proceso de extradición a España del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y decidió mantenerle en prisión preventiva mientras se estudia la euroorden dictada por el Tribunal Supremo español el pasado viernes.
La decisión la adoptó, a petición de la Fiscalía, el juzgado de primera instancia de Neumünster (norte), en cuya prisión ingresó este domingo el político catalán tras ser detenido poco después de entrar en Alemania procedente de Dinamarca.
Puigdemont, reclamado por España por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos en el marco del proceso independentista catalán, compareció ayer durante más de tres horas ante el citado tribunal.
“La decisión de hoy no significa que Puigdemont vaya a ser extraditado, sino que ahora empieza el proceso”, dijo el fiscal superior del distrito judicial, Georg Güntge, a los numerosos medios concentrados frente a la cárcel.
En un comunicado posterior, el juzgado explicó que había aceptado la petición de la Fiscalía general del estado federado de Schleswig-Holstein para que Puigdemont continúe en prisión ante el “riesgo de fuga” hasta que se tome la decisión sobre su extradición, para lo que hay un plazo máximo de 60 días.
Según explicó, no se puede dar por hecho que el detenido vaya a permanecer en Alemania si queda en libertad y hay que tener en cuenta que viajaba hacia Bélgica, adonde huyó hace cinco meses y tiene su residencia actualmente, y donde no se puede presumir que el proceso de extradición siguiera el mismo camino, lo que podría ser para él un “incentivo notable” para tratar de llegar a ese país.
Según el juzgado de primera instancia, el caso pasa ahora a la Audiencia Territorial de Schleswig, cuya Fiscalía es la única instancia competente para ordenar la libertad provisional del detenido.
La vista de ayer se centró en confirmar su identidad y en una discusión legal sobre la procedencia de iniciar el proceso de extradición, explicó Güntge, quien señaló que Puigdemont se mantuvo “tranquilo” en un ambiente muy “profesional” e intervino durante la vista.
El tribunal no entró en el fondo de la petición cursada por España, pero constató que “no hay aún evidencia” que la euroorden de detención y entrega, emitida el 23 de marzo pasado, “no esté justificada”.
Jaume Alonso-Cuevillas, el abogado de Carles Puigdemont, llegó por la tarde a la prisión de Neumünster, pero no pudo entrar en el recinto porque ya había concluido el horario de visitas.
Antes de viajar a Alemania Alonso-Cuevillas se reunió ayer en Bruselas con el abogado Gonzalo Boye, que lleva la defensa de los exconsejeros regionales Antoni Comín y Meritxell Serret -que permanecen en Bélgica-, para coordinar su estrategia de defensa, antes de desplazarse hacia Alemania para asistir a Puigdemont.
Ante la cárcel de Neumünster permanecieron apostados durante todo el día cerca de un centenar de periodistas y también algunos grupos de simpatizantes del independentismo catalán, que expresaban su solidaridad con el líder separatista coreando lemas como “No estás solo” o “Puigdemont es nuestro presidente”.
Entrada la tarde acudió también al lugar una delegación de políticos catalanes del bloque independentista, entre ellos Quim Torrà, diputado de Junts per Catalunya (JxCAT), la presidenta del consejo nacional del Partido Democrático de Cataluña (PDeCat), Mercè Conesa, y el responsable de coordinación institucional del PDeCAT, Marc Castells.
“Hemos venido a acompañar al presidente”, indicó Torrà tras intentar, sin éxito, entrar en el recinto penitenciario junto al resto del grupo, todos con el lazo amarillo en sus solapas.
DATOS
El proceso puede llevar 60 días o más. El procedimiento prevé que el detenido sea entregado en un plazo máximo de 60 días desde el momento de su arresto e incluso de 10 días si consiente a su entrega.
Los motivos del rechazo. Pero existen motivos por los que un país puede justificar su rechazo a enviar a una persona al país que la solicita. Un país puede rechazar entregar a una persona reclamada si la infracción penal que se le reprocha no constituye una infracción en su derecho nacional.
El precedente que deja Bélgica. Los abogados belgas habían indicado durante el procedimiento que algunos hechos descritos en los mandatos españoles no tenían equivalente en Bélgica. Hacían referencia al cargo de “rebelión”, que puede ser condenado con hasta 30 años de prisión en España.
OPINIÓN
Drina Ergueta. Periodista boliviana en Cataluña
Catalunya, entre el miedo y el mandato
En una sincera entrevista televisiva, la hoy exiliada consellera de Educación del Govern de Catalunya destituido, Clara Ponsatí, dijo que luego del 1 de octubre, en el que contra todo pronóstico se realizó con éxito el prohibido referéndum independentista, el Gobierno catalán temió a las represalias del Estado español si cumplía el mandato del “Sí” y que luego hubo errores.
Hoy el miedo continúa, parece, especialmente en quienes lideran desde partidos políticos. Y la población independentista, que en las urnas volvió a mostrar su mayoría el 21 de diciembre, está en estado de shock tras la reciente detención de parlamentarios/as electas (hay 10 autoridades y dirigentes en prisión y cinco personas más en el exilio).
Reclaman al Parlament Català que, por la soberanía, la legitimidad institucional y la democracia, se nombre nuevamente a Carles Puigdemont como presidente, más aún tras su detención en Alemania.
La judicialización política mella la imagen de España y genera críticas también internas por una democracia ya puesta en duda.
El miedo tiene justificación, pero la misma Ponsatí e infinidad de voces piden que los liderazgos políticos estén a la altura y cumplan el mandato que se dio de las urnas.
