El poder de la vanidad y la adulación

En Bolivia somos propensos a creer que los gobernantes son maleable arcilla en manos de malévolos consejeros, cuando la experiencia nos indica, por el contrario, que quienes empuñan las riendas son habitualmente muy dueños de sus actos y difíciles de domeñar. El presidente Morales, por carácter y formación, con sus diez años al mando, es el perfecto ejemplo de alguien que tiende a imponer implacablemente sus puntos de vista, pero puede, al mismo tiempo, ser extremadamente vulnerable a la manipulación de los aduladores.

Los que halagan y saben adosarse a los que convocan masas y votos han prosperado siempre a lo largo de la historia, cuyas páginas han sido muchas veces escritas por esa exitosa especie. En nuestro medio  puede decirse que han roto todos los registros para convertirse en verdaderos amos de la situación.

Los hechos próximos que monopolizan el mercado noticioso demuestran categóricamente el relieve y el espacio que ocupan los que saben ascender y permanecer, lustrando cotidianamente la vanidad de un dirigente de masas. Tienen ellos como modelo máximo, no único, al Vicepresidente que, en pose de profeta, cuida siempre no contradecir al máximo mandamás, de manera que sus propios planes sean aceptados y promovidos, al ser presentados como hijos del talento e imaginación del número uno.

La disponibilidad de ingresos que tuvimos hasta hace poco engrosó a la tropa de zalameros que abarca, además de la corte palaciega, a una amplia franja de dirigentes de organizaciones sociales y corporativas que aceitan la maquinaria de consenso y aceptación del régimen.

Los resultados negativos que obtuvieron en el referendo constitucional último han hecho rechinar los engranajes de su aparato de poder, haciendo que ahora se escuden en banales argumentos para justificar una derrota que --según ellos-- se fraguó en pocas semanas, tratando de encubrir la suma de errores y fracasos acumulados en años, especialmente en materia de corrupción y abuso del poder.

Los efectos de la redes de extorsión o los fondos para alquilar lealtades se ha amplificado por las señales que revelan el inicio de una fase de escasez (negada maniáticamente por las autoridades) y de las sacudidas que trae en las pugnas intercorporativas y las peleas internas del partido de Gobierno.

La derrota electoral empuja a la cúpula gobernante a una huida hacia adelante, en la que azuzan a sus electores a que hagan algo para revertir “su desamparo” y, principalmente, la prohibición constitucional que pesa sobre el máximo caudillo para candidatear en 2019.

Los devaneos personales del máximo conductor obligan  hoy, a quienes se han profesionalizado en idolatrarlo, a cubrir sus espaldas, así sea llegando al extremo de que el Ministerio de Transparencia salga a emitir certificados con el afán de darle validez de Estado sobre lo que el Presidente sabe, no sabe o ha olvidado de sus relaciones íntimas y familiares.

El servilismo de los funcionarios, que no duda en acallar, amenazar o encarcelar a cualquiera que pudiese llegar a ser un riesgo, así como para poner el Estado al servicio de necesidades individuales, funciona exquisitamente, también, para atizar los escándalos que desvían las investigaciones sobre todos los grandes contratos que, a título de excepción, se convirtieron en la regla, propicia para todo tipo de arbitrariedades.

La vanidad y la adulación, erigidas en Gobierno, están tratando de eludir su responsabilidad, achacando los males a conspiraciones que, si existiesen, jamás serían exitosas sin su actuación.

Para neutralizar sus tóxicos afanes es indispensable no descansar hasta que se esclarezca toda la corrupción anidada en las grandes contrataciones directas, poner freno a las iniciativas de censura encubierta  y pactar un acuerdo sobre inversiones y producción que sea lo más eficaz para frenar el riesgo de deslizarnos hacia la recesión.

Se impone, también, acordar una reforma de la justicia y la Policía, que las sustraiga del control que los gobiernos les imponen. Y, por encima de todo, se necesita recuperar la autonomía de organizaciones sociales, democráticas, transparentes y sometidas a una rendición continua de cuentas, que impida que sus dirigentes las hipotequen al poder y a los aduladores de turno.

El autor es investigador y director del Instituto Alternativo