El control de la justicia como estrategia de poder

La Cumbre Judicial ha despejado la duda acerca de la postura gubernamental con relación al futuro de la justicia. En Sucre, el partido de gobierno y sus aliados, han acordado seguir con el sistema de elección de magistrados por voto popular, previa selección de los mismos en la Asamblea Legislativa, o sea por el MAS y por nadie más.

Probablemente en el oficialismo se piensa que una remoción de caras en los altos tribunales puede bastar para disimular la crisis judicial, y de paso convertir en chivos expiatorios a los actuales operadores, que han dado pruebas abundantes de ineptitud y falta de escrúpulos, pero que así y todo pueden seguir siendo extremamente útiles para que las maniobras políticas y legislativas (que se intentarán, sin duda, para volver a la carga con la re-reelección), prosperen de cualquier manera, y en cuanto puedan ser convalidadas por un Tribunal Constitucional sumiso.

De paso, se ha lanzado un gran distractivo: la cadena perpetua contra los violadores de niños; una propuesta típicamente de populismo judicial, pero que sirve para retomar iniciativa y vender esta idea como emblema de reforma de la justicia, y eventualmente tener un caballo de batalla en los próximos comicios judiciales.

El oficialismo vuelve a demostrar cuan implacable puede ser en su lógica de poder. Es imposible que ignore que en la administración de justicia ya nada funciona, que la mora y acumulación de causas colapsan los juzgados y tribunales, que la corrupción hace estragos, que la desconfía de la gente en la judicatura es abrumadora. Tampoco puede ignorar que estos problemas se han agravado por el descalabro en el sistema judicial, que ha sobrevenido desde la elección de magistrados mediante sufragio.

No obstante, nada de eso importa o importa muy poco.

Pesa más en el cálculo político la constatación de los inestimables servicios que los magistrados elegidos han prestado a los designios de Gobierno. En consecuencia, no cabe esperar que se vaya a poner en riesgo el férreo control del Ejecutivo sobre los órganos judiciales. El MAS ha aprendido por experiencia lo importante –incluso decisivo- que ello es para su proyecto de poder. La instrumentación de jueces y fiscales despeja el camino de cualquier resistencia eficaz; la justicia maniatada asegura impunidad; anulado el control constitucional cualquier medida o actuación puede pasar por válida o permitida.

Quienes no han aprendido la lección son los opositores políticos, que han dejado pasar la ocasión de ponerse a la vanguardia de la lucha por la regeneración de la justicia. Ninguna iniciativa seria, ninguna actuación que llame la atención de la opinión pública, ninguna propuesta de reforma digna de encomio. Lamentablemente en éste, como en otros terrenos, el país resiente la ausencia de alternativas creíbles, capaces de mostrar una perspectiva de justicia diferente, o al menos un planteamiento que pueda encauzar la demanda ciudadana por mejor justicia.  

Tampoco han entendido nada de lo que está en juego aquellas personas y organizaciones civiles -bien intencionadas pero de una ingenuidad conmovedora- que siguen creyendo que la buena voluntad puede obrar milagros, y la verdad es que no puede.

Así pues, al menos por ahora, no parece que haya forma de romper el inmovilismo que nos condena a ver cómo la justicia se nos muere.

El autor es sociólogo.