A inversiones fabulosas, dudas formidables y preguntas sencillas

Una de las prerrogativas más rudimentarias y destructivas del ejercicio del poder político es tomar decisiones que nos afectan a todos sin dar explicaciones ni aceptar preguntas y, mucho menos, cuestionamientos. Esa manera de comportarse tiene, a la larga, la enorme desventaja de que las acciones que así se toman pueden, y muchas veces deben, ser desautorizadas, anuladas y llegan a volcarse en la dirección opuesta a la que motivó o pareció justificar su adopción.

El Gobierno, en cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades, ha puesto sobre la mesa un plan energético --a materializarse hasta 2025-- que requiere de una escala de inversiones nunca antes vista y que, según sus cálculos, reportaría fantásticas ganancias.

El total de las inversiones energéticas planteadas se aproxima a los 30.000 millones de dólares, de los cuales 12.681 millones se destinarían a hidrocarburos --entre 2016 a 2020--, mientras en generación eléctrica se proyecta  invertir 17.000 millones de dólares (Plan Eléctrico del Estado a 2025, página 133).

La estrategia apunta a modificar la estructura de los ingresos nacionales, sustituyendo (o complementando) la exportación de hidrocarburos por la de energía eléctrica. El propósito es inobjetable y concuerda con el mandato constitucional y las aspiraciones de la sociedad, por lo que no existe justificación alguna para no obrar con la mayor transparencia y apertura al debate, las críticas, las sugerencias y las propuestas.

Pero es aquí que empiezan a reiterarse decisiones unilaterales, silencios inexplicables y explicaciones inverosímiles. Una de las situaciones más representativas de esto es el anuncio presidencial de que se invertirán, en el plazo de un año, 15 millones de dólares para el “diseño final” de las represas de El Bala y El Chepete, que costarían unos 6.000 millones y podrían generar 3.600 megawatts de electricidad; junto con la noticia se ha hecho saber que se prepararía una consulta departamental para autorizar la obra.

Hasta aquí se detectan varios aspectos confusos, de los cuales sobresale que el Presidente informa que está en posesión de resultados concluyentes del estudio encargado a la consultora Geodata, por 150 millones de bolivianos, el año pasado y que debía entregarse, de acuerdo a contrato, hasta dentro de un año. Si esa investigación ya concluyó y contiene la información indispensable para realizar una consulta previa, informada, de buena fe sobre cuestiones tan importantes como el impacto ambiental (¿destruirá el parque Madidi o apenas lo afectará en no más del 2 por ciento, como dijo el Presidente?), ese informe tiene que hacerse público de inmediato, explicando cómo se lo ha podido realizar en la mitad del tiempo programado.

Antes de gastar otros 100 millones de bolivianos, como prólogo de una inversión de 6.000 millones de dólares, necesitamos conocer la profundidad, calidad y confiabilidad de una información que servirá para dar un paso enorme o, si se toman las decisiones equivocadas, para dilapidar recursos y engordar la cartera de contratistas y de funcionarios inescrupulosos.

Es completamente sencillo y razonable que ya mismo se ordene y garantice la difusión del informe de Geodata, como base de un debate serio y transparente que nos lleve a respaldar los planes energéticos estatales sin dudas ni preocupaciones.

Si los gobernantes llegaron a imaginar que las preguntas sobre los desfalcos al Fondo Campesino se evaporarán simplemente porque se dice que el caso está cerrado, que están saldadas las interrogantes sobre los miles de millones de dólares adjudicados en contrataciones directas porque la bancada oficial opine que todo está bien, se equivocan rotundamente.

De ninguna manera basta con que se nos diga que existe un estudio terminado, que el gabinete se está apresurando a disponer de recursos con los que aún no contamos, o que se hagan brillar los ojos hablando de sueños largamente acariciados; en vez de eso es por demás suficiente que contesten con claridad, oportunidad y certidumbre las sencillas preguntas que nos formulamos, como parte de nuestros más incuestionable derechos.

El autor es investigador y director del Instituto Alternativo.