Ya no tienen hegemonía

Cuando se pierde legitimidad y credibilidad, la única forma de conseguir obediencia es con la fuerza; el resultado, claro, es una dominación “no consentida”.

De ahí las amenazas de violencia del Vicepresidente de defender el “proceso de cambio” en las calles.

La  expresión del vicepresidente de “salir a defender el proceso de cambio en las calles”, es una terrible confesión en la que subyace el tácito reconocimiento de que el denominado “proceso de cambio” ya no goza de consenso. Implícitamente, admite también que el discurso oficial carece de credibilidad. Tomando en cuenta que el “antievismo” crece inconteniblemente en las calles de las ciudades, el régimen igualmente ha perdido legitimidad. Para su manutención, entonces, desde el Estado, deben acudir al expediente de la coerción, sin descartar, como afirmó Linera, los  enfrentamientos en “las calles”.

En términos gramscianos, cuando la dominación deja de ser consentida y se apela al recurso fuerza, el bloque en el poder ha ingresado a una fase de profunda crisis hegemónica; la obediencia y la dominación, por lo tanto, debe ser “con violencia”. Necesariamente tiene que ser “a la fuerza”, pues el discurso ni entusiasma ni seduce. Antes bien, falso, fatuo y pedante, el discurso oficial repele, provocando bronca y rechazo.

Este panorama se observa a diario en las calles de las ciudades. Ni hablar de lo que sucede en las redes sociales pues, en “esos lugares”, el horizonte para el oficialismo es mucho más sombrío aunque, con el ánimo de revertir ese escenario, contraten a miles de trolls cibernéticos.

Ahora claro, el cuadro en las áreas rurales no es similar a lo que sucede en las ciudades. En esos lugares todavía existe “obediencia”. Aunque en muchos casos, ante la falta de convicción, los métodos coercitivos son comunes. La desobediencia puede determinar una suerte de muerte civil, con la confiscación de todos los derechos. Lo más ilustrativo de este cuadro es, sin duda alguna, el trópico de Cochabamba.

Tan profunda es la crisis de dominación que, de a poco, en las propias filas masistas va desapareciendo la convicción. Hoy, el masismo, sin obligatoriedad, es incapaz ya de movilizar masas.

Con la convicción desvanecida, el panorama se torna aún mucho más complejo, pues “obligando a todo”, el dominio político, en el horizonte, no tiene mucho futuro.

Ahora bien, esos mecanismos prebendales y coercitivos, en alguna medida eficientes,  que se utilizan en los sindicatos, comunidades y zonas rurales, no tienen lugar en las calles de las ciudades, peor en la redes sociales. En esos “públicos” la mentira habría aniquilado al presidente y vicepresidente. Ellos son los más conspicuos mentirosos del Estado Plurinacional. La credibilidad de ellos, por tanto, habría descendido a los infiernos.

Ambas autoridades, con el discurso de que el niño nunca existió, luego de haber admitido en reiteradas oportunidades su existencia, no sólo quedaron en ridículo;  se posesionaron también como viles mentirosos compulsivos. Habría que preguntarles si el nombre “Ernesto Fidel”, fue idea de Wálter Chávez y Doria Medina. 

Es irreparable el daño que provocaron los asesores del régimen en el manejo del “caso Zapata”. Como dije en una anterior columna, “Stalin, en lugar de Evo, habría ordenado el inmediato fusilamiento de los responsables”.

Cuando se pierde legitimidad y credibilidad, la única forma de conseguir obediencia es con la fuerza; el resultado, claro, es una dominación “no consentida”. De ahí las amenazas de violencia del vicepresidente de defender el “proceso de cambio” en las calles. Claro está que, para este propósito, movilizarán a la gente del campo, con los cocaleros a la vanguardia. Tal es su aferro y obsesión de quedarse en el poder que no les importa provocar un enfrentamiento, otra vez, entre campo y ciudad.  Pero, esta vez, ante la falta de convicción, movilizarán a sus huestes del campo con mentiras, convenciéndolos de que en verdad, si no se mantienen en el poder con el caudillo a la cabeza, “el sol se va a esconder, la luna se va a escapar”.

El autor es profesor de la carrera de Ciencia Política  de la Universidad Mayor de San Simón.