Nueve ciudadanos y dos Estados
Dada la trascendencia que tiene el proceso en La Haya, convendría a los intereses del país –no tanto a los de corto plazo de actores políticos– generar un nuevo ambiente de relacionamiento con Chile
Al margen de la legalidad o ilegalidad de las acciones que condujeron al apresamiento de nueve ciudadanos bolivianos por parte de la Policía de Chile, cuando, de acuerdo a su versión, cumplían tareas de combate al contrabando en territorio boliviano, y según la versión de Chile, pese a su condición de funcionarios gubernamentales (entre ellos, dos militares), habrían estado realizando contrabando ellos mismos y en territorio chileno, y de las sentencias recibidas, todo lo sucedido desde el 19 de marzo pasado muestra que estos ciudadanos han sido víctimas de enconos e intereses ajenos.
El telón de fondo es la compleja y delicada relación entre Bolivia y Chile, y los directos efectos que provocan en sus respectivas ciudadanías todas las acciones que sus Gobiernos realizan. Si estas tienen un carácter positivo, de inmediato cualquier susceptibilidad se aminora; en cambio, cualquier fricción de inmediato genera sentimientos hostiles. De ahí que en ambas agendas gubernamentales la relación con el vecino es vista desde dos dimensiones: como parte importante de su política internacional y como instrumento de relación con sus respectivas poblaciones.
En la historia inmediata, se hace cada vez más evidente que la estrategia adoptada por el Gobierno nacional de acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que ahí, dados los antecedentes históricos, se obligue a Chile a dialogar de buena fe para solucionar el enclaustramiento boliviano, ha descolocado radicalmente a las autoridades chilenas. Más aún porque esta estrategia ha recibido un mayoritario apoyo en el país por la solidez del planteamiento, la unidad política que ha provocado y el compromiso cumplido, salvo algunas excepciones, de no utilizarla con fines de política interna.
Esta estrategia y los traspiés que la diplomacia chilena ha dado en el proceso ante La Haya, han hecho que respecto a Bolivia su actuación haya sido crecientemente agresiva, mentirosa y descalificadora, tanto sobre la demanda misma como en su actuación en problemas concretos que surgen entre dos naciones vecinas.
En el país, hay que reiterar que en el tema de La Haya el comportamiento ha sido puntilloso. Sin embargo, probablemente porque una actitud de confrontación con Chile genera alguna simpatía, las autoridades han caído, al enfrentar otros problemas, en similar actitud que las chilenas, otorgando magnitudes que de ninguna manera tienen problemas que con voluntad política y profesionalismo diplomático y jurídico pudieron ser rápidamente solucionados.
El caso de los nueve compatriotas detenidos en Chile es una muestra palpable de esa realidad, pues más allá de la retórica y los cargos concretos, sus intereses han sido subordinados a los de los gobernantes de ambos países, y por ello incluso han sido innecesariamente vejados.
Sin duda un hecho como el que se comenta, al que se suman otras acciones confrontacionales, abre heridas que son difíciles de restañar. Sin embargo, dada la trascendencia que tiene el proceso en La Haya, convendría a los intereses del país —no tanto a los de corto plazo de actores políticos— generar un nuevo ambiente de relacionamiento con Chile, lo que requiere, como condición sine qua non, evitar que se ventilen en la agenda mediática los problemas que surgen en forma cotidiana por ser naciones vecinas, dando prioridad, en todo trance, a nuestro objetivo central: que la CIJ falle a nuestro favor.
