“Juntos contra la sequía”
Es nuestra la responsabilidad de crear las condiciones que nos permitan enfrentar el fenómeno y evitar que afecte a la población y las nuevas generaciones, particularmente las más desposeídas
En la semana que termina se ha llevado a cabo en Santa Cruz la Primera Conferencia Regional de América Latina y el Caribe para la Gestión y Preparación contra la Sequía con la participación de autoridades vinculadas a la temática, investigadores, técnicos y profesionales de 16 países para analizar, reflexionar y perfilar las acciones de la región para enfrentar los efectos del cambio climático.
“Juntos contra la sequía” fue la consigna de la conferencia convocada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (Unccd) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
En lo que a nuestro país corresponde, el Ministro de Medio Ambiente y Agua dio abundante información sobre los daños causados durante la última década por distintos fenómenos climáticos. Se calcula que las pérdidas alcanzaron un valor promedio de entre 400 y 500 millones de dólares anuales, montos que representan entre el 74,2 por ciento y el 92,7 por ciento de lo que Bolivia gasta anualmente en la importación de alimentos.
Bolivia es especialmente vulnerable, pues casi la mitad del territorio nacional corresponde a áreas secas en las que los procesos de degradación y de desertificación avanzan a un ritmo cada vez más acelerado. Tarija, donde recientemente se produjo un incendio que aniquiló la cobertura vegetal en terrenos muy frágiles y propensos a la erosión, es un ejemplo de lo que eso significa.
Las cifras que dan cuenta de la gravedad del problema son elocuentes. Confirman que el cambio climático y sus consecuencias ya han alcanzado una dimensión tal que resulta urgente la incorporación del tema en un lugar muy privilegiado en la agenda de políticas públicas.
Un primer paso imprescindible para avanzar en esa dirección es dejar de subestimar los temas medioambientales como si fueran incumbencia sólo de los países más desarrollados y, peor aún, como si nosotros no tuviéramos ninguna responsabilidad.
Es verdad que muchos de los factores que convergen para ocasionar los problemas climáticos están completamente fuera del alcance de las políticas públicas a nivel nacional. No es menos cierto, sin embargo, que de lo que se haga o deje de hacer en cada país también depende que los efectos de esos factores externos se agraven o atenúen.
No tiene sentido, por eso, insistir en teorías obsoletas que plantean la relación entre protección ambiental y crecimiento económico como una disyuntiva que obliga a elegir una u otra opción. Por el contrario, cada vez está más claro que no hay futuro económico exitoso si no se sostiene en el cuidado de la naturaleza.
Es de esperar, por eso, que los diagnósticos y recomendaciones que se han hecho en la conferencia de Santa Cruz sirvan para comprender que la salud medioambiental es un asunto que nos incumbe y afecta directamente y no, como sostienen algunas autoridades gubernamentales, una imposición motivada en intereses ajenos.
Es decir, es nuestra la responsabilidad de crear las condiciones que nos permitan enfrentar el fenómeno y evitar que afecte a la población y las nuevas generaciones, particularmente las más desposeídas.
