El tráfico de datos personales

El pasado nueve de abril sorprendió la noticia según la que los datos personales de la población en general serán transferidos a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AgeTIC), entidad del Estado de reciente formación (2015). Esto implica que habrá un alto tráfico de información relacionada a la población en general, donde no se asegura su confidencialidad ni su custodia legal ni digital. A esto se suma que instancias como la Fiscalía no compartirán sus bases de datos, ya que manejan sistemas propios, develando la falta de confianza con el trabajo que realiza la mencionada Agencia. Dicha negativa fue tildada como “cavernaria” por su Director, pero connota ser una medida más cautelosa que la apresurada y exigida por la AgeTIC.

El día de hoy 12 de abril, el Parlamento aprobó la Ley que da accesibilidad a esta Agencia, la cual que goza de un fuerte amparo por parte de la Vicepresidencia. La justificación para la norma es que permitirá un intercambio más eficiente de la información ciudadana, entre los niveles del Estado que recaban y custodian estos datos, brindando así un mejor servicio a la población.

Esta excusa parece una verdad a medias; el intercambio de información digital sobre datos altamente sensibles y brindados de forma obligatoria o voluntaria por la población, se encuentra muy cuestionada en la actual coyuntura mundial. El escándalo de Cambrige Analytica que usó millones de perfiles de usuarios de la red social Facebook, para fines netamente políticos y aparentemente utilizarlos a favor del ahora presidente Donald Trump, desató la indignación mundial. Por este motivo se tuvo en días pasados la comparación del creador de Facebook, ante el Congreso de su país y se mantienen investigaciones del tipo penal, en Inglaterra.

La sombra que recae sobre el uso de información personal para la posible creación de “perfiles digitales electorales” enciende las alarmas cuando se escucha que las entidades llamadas por Ley, para custodiar la información personal, como son el Sereci (Servicio de Registro Cívico) y el Segip (Servicio General de Identificación Personal), pasarán a compartir libremente esa información con la AgeTIC, que más allá de “mejorar” el servicio de las entidades gubernamentales, puede generar un mal uso de nuestra información y que la misma sea utilizada por los gobiernos de turno del país.

Otro gran temor es la generación de una “cacería de brujas” hacia los servidores públicos que no sean partidarios del actual gobierno. El conocimiento de los datos básicos personales podrá permitir el cruce de información con los perfiles de redes sociales e identificar a las personas que tengan opiniones contrarias o que compartan algún “meme ofensivo” para los gobernantes. Esa acción sería propia de las novelas orwellianas. La pregunta es: ¿La persecución digital, pasará a ser institucionalizada?