El 21F, una cuestión de principios y valores
Tres años después de que la mayoría de los electores respondió No a la propuesta del Movimiento al Socialismo para viabilizar la reelección indefinida de Evo Morales y Álvaro García Linera, con el efecto vano que conocemos, y en plena ruta hacia las elecciones generales donde se perpetrará lo que el referendo rechazó, parece que no queda más que actuar con pragmatismo, de modo que el circunstancial triunfo de la ilegalidad sea tan frágil que pueda ser revertido en octubre próximo.
El 21 de febrero de 2016 es la fecha que marca una línea divisoria entre quienes creen en la necesidad de preservar en nuestro país la legalidad democrática, por un lado, y quienes creen que los límites legales, incluidos los mandatos constitucionales, pueden ser impunemente transgredidos cada que así convenga a sus propios intereses.
Ese conflicto de visiones se plantea en al menos tres dimensiones: la legal, la política y la axiológica, o sea la relativa a los principios y valores que los bolivianos queremos adoptar como orientadores de nuestra vida en común.
El aspecto legal es sin duda el menos discutible, pues tanto la Constitución Política del Estado como todas las leyes que fijan las reglas del juego democrático establecen con toda claridad los límites que separan lo que es lícito de lo que no es lícito. No debería haber ningún lugar a dudas y el asunto tendría que haber quedado zanjado desde que el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer los resultados de la votación.
Eso no ha sido así, porque la dimensión política de la controversia es de una magnitud y complejidad que contrasta con la fragilidad de las instituciones encargadas de contener este tipo de disputas dentro de los cauces legales.
Esa situación nos pone ante un dilema de difícil solución: Una posibilidad es aceptar con resignación el triunfo de la arbitrariedad y así dejar abiertas las puertas para la fuerza bruta, en las calles o en los cuarteles, vuelva a dirimir nuestras divergencias. La otra consiste en ofrecer resistencia a la arbitrariedad y al abuso de poder, de modo que siga siendo mediante los procedimientos democráticos, como las elecciones o los referendos, que los bolivianos conciliemos nuestras eventuales discrepancias.
Gran parte del pueblo boliviano ha elegido el segundo camino con resultados que, lamentablemente, no son los que habría sido de desear.
Revertir la ilegalidad logrando que su victoria sea frágil parece ser el único objetivo principal. Un objetivo que por estar cimentado en sólidos principios y valores, y no sólo en cálculos inmediatos, puede y debe salir fortalecido de las actuales adversidades.
