Las buenas intenciones

Quizás una de las cosas más difíciles, cuando uno ha sido víctima de un delito, es ver al agresor saliendo en libertad condicional o siendo liberado de su pena por falta de indicios. Y entiendo porque, sobre todo en un país donde las condiciones para hacer investigaciones forenses son tan limitadas (por no decir casi inexistentes), surgen movimientos, sobre todo en las redes sociales para visibilizar las agresiones sufridas por las mujeres para tratar de que quienes cometieron un delito sean, cuando menos, visibilizados y reciban un castigo social.

Pero este deseo obedece más a buenas intenciones, a una suerte de venganza colectiva, que a una estrategia de prevención de delitos. De hecho, no hay prueba de que este sistema sirva para disminuir las agresiones. No solo eso: erosiona los principios jurídicos que se encuentran en el corazón de los derechos humanos, como la presunción de inocencia y su derivación, el principio de in dubio pro reo.

Quienes alientan este tipo de propuestas de visibilización no tienen los conocimientos suficientes para llevar a cabo una investigación criminalística seria. No dan oportunidad a réplica antes de llegar a la conclusión. No buscan evaluar las evidencias para tener certeza de que el acusado realmente es quien cometió un crimen o si se trata de una falsa denuncia. Incluso en el trabajo periodístico se debe permitir el derecho a réplica. De otro modo, se trata de abuso de poder.

Sabemos que las denuncias falsas son muchas menos que las denuncias reales, pero el problema que se haya en negarlas o no darles importancia es que se están vulnerando los derechos de otra persona y se comete un delito que puede afectar gravemente a la víctima. En Bolivia vimos ejemplos muy graves de qué sucede cuando no se respeta el principio de presunción de inocencia y de in dubio pro reo: el caso del doctor Jhiery Fernández ha sido el más mediático, pero quizás más escandalosos resultan las historias de Reynaldo Ramírez y de Odón Mendoza.

Sabemos que hay demasiados escollos en el sistema judicial boliviano en la búsqueda de justicia, para todas las víctimas, de todos los crímenes, y que se genera una grave sensación de desprotección y miedo. Pero si pensamos que tenemos derecho a seguir cometiendo delitos en nombre de haber sido víctimas, no solo no se previenen delitos ni se mejora el sistema judicial; sino que se entra en una espiral de la que será mucho más difícil salir. En nombre de querer un mejor futuro solo estaríamos construyendo un camino al infierno. Es necesario entenderlo: no bastan las buenas intenciones.

La autora es escritora.