Tipnis, narcotráfico y medio ambiente
Por segunda vez –la primera fue en agosto pasado cuando un equipo de sus representantes visitó nuestro país–, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) ha puesto al gobierno del Movimiento al Socialismo ante una muy difícil situación. Ha puesto en evidencia la real magnitud de una de las principales causas de sus divergencias internas, su total abandono de cualquier consideración ambientalista y ha dejado expuesta la existencia de un territorio que escapa del control del Estado y es destruido ante la mirada impasible, cuando no cómplice, de las autoridades gubernamentales.
Las evidencias que confirman esa situación son de lo más abundantes. Y son tan incontrastables que ya ni el viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas las niega. En efecto, hace poco, el viceministro del área, Felipe Cáceres, reconoció que más de 430 hectáreas de coca excedente se plantaron en el Tipnis y el Parque Nacional Amboró.
Pero no son sólo las plantaciones de coca las que se multiplican en el Tipnis. Según un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), tres de las 17 principales rutas del tráfico de cocaína en el mundo pasan por Bolivia y una de ellas tiene su núcleo principal en el Polígono 7 del Tipnis.
A esos antecedentes se suma la experiencia propia, la sufrida por los representantes del Tribunal cuando en agosto pasado fueron recibidos con amenazas y los dirigente de los campesinos colonizadores del Tipnis, afines al partido de gobierno, se negaron a permitir que la comitiva ingrese a “su” territorio.
Nueve meses después de su frustrada inspección, el TIDN ha emitido su sentencia, según la que el Estado boliviano “ha violado los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas del Tipnis, por lo que lo sanciona mediante 12 medidas que ordenan paralizar de forma inmediata y definitiva cualquier obra estatal en el parque, detener la colonización hacia la reserva, anular los planes de expansión petrolera y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chaparina.
Ante ello, el gobierno del MAS no ha tenido mejor respuesta que desconocer la validez del fallo. Lo minimiza, se aferra al carácter no vinculante del dictamen y recurre a los ya manidos y desacreditados argumentos que suele esgrimir para descalificar a quienes cuestionan sus actos. Lo que en términos prácticos puede ser suficiente para que la impostura y la arbitrariedad se impongan una vez más, pero a costa de poner en evidencia los reales alcances de la política ambiental gubernamental.
