Financiamiento del sector público con los aportes para jubilación

Después de la crisis de la deuda pública externa de la década de los ochenta, los aportes que realizan los trabajadores y trabajadoras para sus jubilaciones, se han convertido en una de las principales fuentes para el financiamiento de las actividades del sector público. El gráfico adjunto permite apreciar la evolución del porcentaje que han representado las operaciones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y los Bonos del Sector Financiero con el Tesoro General de la Nación (TGN).

En el gráfico se constata que desde la vigencia de la reforma de pensiones del gobierno de Sánchez de Lozada, el año 1998, las obligaciones con las AFP representaban sólo el 19% del total de la deuda interna del TGN y esas obligaciones crecieron sostenidamente hasta el año 2007, llegando a representar el 47% de la deuda interna del Tesoro General de la Nación. Durante el gobierno de Evo Morales, la deuda interna con las AFP creció de US$ 1.377 millones el 2006 a un nivel máximo de US$ 1.906 millones en diciembre del 2011, año desde el que, este componente de la deuda, disminuyó hasta representar un total de US$ 926 millones, al 31 de diciembre del 2017. Mientras se redujo la deuda con las AFP, otro grupo de actores privados, conformado por el Sistema Financiero incrementaron las obligaciones del TGN mediante la contratación de Bonos que alcanzaron US$ 1,972 millones en diciembre del 2017.

Los intereses que pagó el Estado por los recursos de la población asalariada, que tiene aportes al seguro social obligatorio fueron disminuyendo sostenidamente generando una rentabilidad de los fondos administrados por las AFPs cada vez menor como se aprecia en el gráfico precedente. Por otra parte, los intereses pagados al sistema financiero colocados en bonos públicos, variaron entre el 6,47% en el año 2005 hasta el 1,28% el año 2010, año desde el cual no se emitieron bonos en moneda extranjera, remunerando con tasas muy poco variables en moneda nacional con intereses entre el 4% y 5%.

Los trabajadores que aportan para su jubilación, entre 2005 y 2013 fueron los principales financiadores del gobierno boliviano. Lamentablemente las reglas de juego de esa relación entre los aportantes y el gobierno como beneficiario fueron definidas unilateralmente por el gobierno y ante la debilidad de las organizaciones de la población jubilada, se redujo sustancialmente la tasa de capitalización de los ahorros de los aportantes y el resultado se tradujo en rentas muy menguadas a la hora de jubilarse la población cotizante.

Esta es una razón, para que el debate electoral contemple la necesidad de reformas que hagan más transparente el uso de los aportes de la población trabajadora y se aprueben mecanismos de fiscalización de las inversiones públicas a las que se destinan esos recursos, como uno de los principios básicos para rentabilizar las inversiones públicas y consiguientemente los aportes para jubilación.

Vale la pena destacar el hecho que el stock de la deuda interna total se ha incrementado de US$ 2,968 millones a fines del 2005 hasta US$ 4,540 millones a fines del 2017, pero también se ha incrementado el stock de la deuda externa (US$ 4,941 el año 2005 y US$ 10.178 en diciembre del 2018), en condiciones más duras para el país (tasa promedio ponderada al 2018 de 3,4% en dólares americanos). Esto lleva a preguntarse si es razonable disminuir la retribución a los aportes de la población asalariada y favorecer a los bancos multilaterales o gobiernos con quienes se contrata deuda bilateral en condiciones mucho más onerosas.

¿Es posible proponer modificaciones al régimen de pensiones, en los ámbitos siguientes?: i) la tasa de remuneración de los bonos del tesoro que adquieren las administradoras de los fondos destinados a pensiones; ii) la tabla de esperanza de vida que utilizan los administradores de los recursos de los aportantes, para el cálculo de las jubilaciones de este grupo de la población boliviana, iii) el destino de las inversiones públicas utilizando estos recursos y la fiscalización de dichas inversiones estatales y iv) la transparencia en el uso de los recursos que provienen de aportes para jubilación, que permitan a la población asalariada conocer el destino de sus ahorros para jubilación.

El último punto propuesto en el párrafo precedente es clave, si se pretende obtener una mejor remuneración por los recursos utilizados por el Estado para la ejecución de las más diversas políticas públicas o, simplemente, como fue en el principio de la vigencia de la reforma de pensiones, para el financiamiento a largo plazo del déficit del Tesoro General del Estado. En este sentido, una parte importante de los bonos emitidos por el estado en las bolsas del exterior fueron adquiridos por las AFP y lograron fijar tasas de retribución importantes (4,87% y 5,95% con plazos de 10 años), sin embargo, los efectos multiplicadores en la economía de las inversiones en la infraestructura vial que se construirá con esos recursos abre muchas interrogantes.

Desde que el gobierno de Sánchez de Lozada modificó el sistema de pensiones del país en 1996, cada año se ha registrado un número mayor de cotizantes a ese sistema, lo que demostraría que el mismo ha ganado confianza en la población. A inicios del nuevo sistema, en junio de 1997 se contaba con un total de 399,878 cotizantes, número que alcanzó la cifra de 858,565 al 31 de diciembre del 2017. Los datos de población asegurada de los sectores público y privado no se publican desde el año 2012, año en el cual los empleados en el sector público representaban el 46.2% de total de cotizantes y el resto era trabajador/a independiente o en relación laboral con el sector privado. Se desconoce la evolución reciente del número de dependientes del sector público y se puede evidenciar algunos procesos de las AFPs con entidades públicas por mora en los aportes de sus trabajadores.

Las propuestas de discusión para el debate electoral sobre el tema de pensiones son:

i)   Definir rangos razonables de inversión en títulos públicos en los cuales el estado garantice una rentabilidad mínima que sea superior a la tasa de inflación para que los fondos aportados por los cotizantes al FCI no pierdan valor y en valores de oferta pública autorizados por la ASFI.

ii)  Pactar cuotas de participación con fondos de pensiones en las inversiones estratégicas del sector público, las mismas que garanticen rentabilidades razonables y facilidades para la desinversión en dichos emprendimientos.

iii) Definir una proporción mínima del portafolio recaudado para financiamiento bancario, en condiciones de mercado y para realizar inversiones en acciones de sociedades comerciales.

iv) Cumplir con la norma vigente (Ley 065), destinando hasta el 5% de los montos recaudados para valores emitidos por PYMES sin calificación de riesgo, de tal manera que este capital permita financiar empresas nacionales con mayores tasas de rentabilidad.

v)  Definir condiciones mínimas para viabilizar la inversión del portafolio recaudado en títulos valor del exterior, en condiciones de mercado.

vi) Revertir el proceso de creación de la gestora pública de los aportes para jubilación.

Fuentes utilizada para la elaboración propia de los gráficos:

http://www.udape.gob.bo (estadísticas sector fiscal, stock de la deuda pública interna del tesoro general de la nación)
http://www.udape.gob.bo (estadísticas sector financiero Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS, cotizantes a las AFP)

El autor es economista