El medio ambiente: un desafío para los candidatos
Conociendo los impactos negativos en el medio ambiente por la deforestación de la Amazonía nacional, se debiera exigir a los candidatos propuestas específicas para las futuras políticas de Estado respecto a la deforestación y manejo de las áreas ya deforestadas (manejo de pastizales destinados a la ganadería en la región de la llanura beniana y manejo de residuos de las cosechas de cultivos agroindustriales).
El gobierno de Evo Morales ha mantenido un doble discurso respecto al medio ambiente, ya que su política extractivista, de la cual dependen los principales ingresos públicos, no ha reparado en realizar inversiones en territorios indígenas protegidos, obviando los procedimientos constitucionales de consulta previa con los pueblos originarios para dar curso a inversiones públicas o de contratistas privados de YPFB o Comibol para prospecciones y/o explotación de recursos naturales no renovables con potenciales impactos negativos a nivel ambiental.
Naturalmente los potenciales impactos en el medio ambiente pueden mitigarse con inversiones que encarecen la explotación de recursos no renovables y ésta siempre ha sido la evasiva para el ejecutivo, de tal manera de justificar inversiones en los sectores minero, hidrocarburos, energético o bien para infraestructuras viales con potenciales daños ambientales.
El discurso gubernamental ha servido también para posicionar una oposición a inversiones nacionales en mitigación de las actividades económicas que tienen efectos negativos en el medio ambiente, so pretexto del daño ocasionado por el capitalismo y del desarrollo industrial en el medio ambiente, como origen del cambio climático que está experimentando la humanidad. Esto ha generado la fácil actitud de encontrar un responsable externo a los problemas que aquejan al país y de los cuales, en menor medida, también somos corresponsables.
La Ley de Medio Ambiente ya está vigente por más de 27 años y en este tiempo las principales entidades públicas no han cumplido con la normativa vigente, producto de lo cual se tienen ríos contaminados por efluentes urbanos, mineros o provenientes de la explotación de hidrocarburos. Lo mismo sucede con la intervención privada (industrias, asociaciones prestadoras de servicios básicos, agricultores, granjas pecuarias y otras actividades económicas), las que por su parte también han contribuido al proceso de contaminación descrito.
No se conoce ningún pliego de cargo a autoridades estatales de empresas públicas o privadas por delitos ambientales, pero tampoco a las autoridades municipales o departamentales, como Autoridades Nacionales Designadas por incumplimiento de deberes en materia de garantizar el cumplimiento de la Ley de Medio Ambiente. Las auditorías ambientales realizadas por la Contraloría General del Estado en las principales cuencas del país ratifican el incumplimiento de los reglamentos de la Ley 1333 en materia de contaminación de cuerpos de agua, tanto por parte de las empresas municipales de agua y saneamiento básico, como por parte de actores industriales privados. Sin embargo, estos estudios sólo han desembocado en exacciones de funcionarios del sector público que mantienen la situación de contaminación, generan multas por incumplimiento e innumerables oportunidades para corrupción menuda en gobiernos municipales o departamentales.
El reglamento de gestión ambiental estableció incentivos tributarios a las inversiones que mitiguen impactos negativos en el medio ambiente, sin embargo, desde hace 27 años estos no se han aprobado. Por otra parte, a fin de viabilizar ese tipo de inversiones, se estableció que el Estado aprobaría incentivos financieros (los que debieran entenderse en bajas tasas de interés) para las inversiones necesarias en infraestructuras que permitan adecuar las actividades contaminantes a las exigencias de la ley de medio ambiente. Sin embargo, hasta la fecha, no existe ningún tipo de oferta de recursos públicos (y menos privados) destinada a estos fines, que beneficien a la comunidad o que protejan indirectamente a la población afectada por la contaminación.
Recientemente, en diciembre del 2017, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua ha concluido con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, un programa que permite al país contar con metodologías para evaluar Pasivos Ambientales en las principales actividades extractivas (hidrocarburos y minería) y evaluaciones de las principales intervenciones públicas y privadas en esos ámbitos. Estos resultados son innegablemente un avance de la función fiscalizadora del sector público en materia de contaminación de acuíferos, suelos y de afectación a la flora y fauna nacionales y pueden constituir la base para futuras actuaciones para aplicar las sanciones establecidas por delitos ambientales.
Como parte de otros proyectos aislados en esta materia, el Estado ha procedido a realizar los inventarios de Gases Efecto Invernadero y en algunos municipios urbanos ha impulsado el cálculo de la Huella de Carbono y Huella Hídrica. Sin embargo, esos trabajos han sido abandonados y sus reportes no han conducido a generar políticas que remedien los impactos negativos que se identificaron y se cuantificaron.
De manera general los inventarios de emisión de gases efecto invernadero del conjunto de actividades humanas en el territorio nacional, señalan nítidamente que las actividades que contribuyen al mayor nivel de emisiones dentro del territorio nacional son el cambio de uso del suelo (de forestal a agrícola o pecuario), el sector agropecuario (básicamente por las emisiones de metano producto de la fermentación de los residuos ganaderos), el sector industrial, el energético (que incluye generación de electricidad y abastecimiento de combustibles para transporte) y la gestión de residuos urbanos (basura y aguas residuales). En ninguno de estos sectores se han desarrollado políticas orientadas a reducir los actuales niveles de emisión, aunque en el sector de generación de electricidad se hayan iniciado inversiones (aún marginales) en fuentes alternativas (biomasa, eólica, geotérmica y solar) por tanto nuestro aporte al calentamiento global no ha disminuido, sino se ha incrementado sustancialmente desde el año 2004 (cuyos valores son los que muestra la gráfica) hasta el presente.
Esta situación es contraria a las obligaciones adquiridas por el Estado a cumplir los acuerdos internacionales que ha ratificado (París por ejemplo), ya que el país se obliga a presentar sus contribuciones a nivel nacional, para contabilizar las emisiones y absorciones antropógenas y la forma en la que Bolivia contribuye a la consecución del objetivo de la Convención de París enunciado en su artículo 2 para reducir el nivel de emisiones en 10 Giga Toneladas que permitan mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales.
Conociendo los impactos negativos en el medio ambiente por la deforestación de la Amazonía nacional, se debiera exigir a los candidatos propuestas específicas para las futuras políticas de Estado respecto a la deforestación y manejo de las áreas ya deforestadas (manejo de pastizales destinados a la ganadería en la región de la llanura beniana y manejo de residuos de las cosechas de cultivos agroindustriales).
Por otra parte, en el sector energético después de la nacionalización del sector, se ha consolidado un sistema basado en la instalación de nuevas unidades termoeléctricas de ciclo combinado que utilizan gas natural a precios subvencionados y recientemente un nuevo grupo de inversiones que utilizan fuentes renovables (residuos como el bagazo de caña, agua, aire, sol, geotérmica), cuyas inversiones para instalar la misma capacidad de generación en este tipo de unidades de generación es mucho mayor que las requeridas para instalar plantas termoeléctricas.
En el debate nacional sobre este tema los candidatos debieran expresar su posición respecto a la subvención estatal vigente desde principios de la década del 2000, cuando se estableció que el precio del gas natural destinado a generación de electricidad tendría un precio de US$ 1,30 por millar de pies cúbicos, el mismo que se ha mantenido congelado a pesar de las enormes diferencias pagadas por Brasil y Argentina en el período del boom de precios del petróleo con impactos negativos en las recaudaciones de regalías, ya que en boca de pozo, los volúmenes de gas natural destinados a este fin remuneraron a las regiones productoras algo más de 0,60 US$/millar de pies cúbicos y el IDH computado para este fin también contrajo los ingresos fiscales.
Adicionalmente a la subvención del energético destinado a la generación de electricidad, se están subvencionando también a los costos de inversión para las nuevas plantas de generación, de tal manera que las nuevas unidades de generación se han instalado con préstamos del Banco Central de Bolivia a ENDE a tasas menores al 1%, lo que es insostenible para el ente matriz del sistema financiero. Por su parte, las inversiones en energías alternativas se han viabilizado en el marco de contratos con entidades financieras de desarrollo a cuyos países les interesa la reducción de emisiones de gases efecto invernadero (Agencia Francesa de Desarrollo y Danida Business Finance y Agencia Japonesa de Cooperación) con tasas de interés que varían entre 0% y 0,7%.
Se constata que durante el gobierno de Evo Morales la instalación de nuevas unidades geotérmicas, ha llevado el año 2016 a que este grupo de generadores contribuyan con algo más del 80% de la energía eléctrica generada, mientras que al inicio de esta gestión gubernamental, la generación basada en la combustión de gas natural solo representaba el 61% y la generación hidroeléctrica representaba el 39%. En este periodo preelectoral urge pues conocer propuestas de los diferentes candidatos sobre este tema y la necesidad de viabilizar nuevas inversiones en energías limpias en el sector eléctrico con tasas reales o con acuerdos estratégicos de mediano plazo con países comprometidos con la reducción de emisiones a fin de canalizar recursos concesionales para esas inversiones.
Para hacerse una idea de la magnitud del problema de las emisiones de gases efecto invernadero y contribuir a sensibilizar a la población para reducir los niveles actuales que tenemos como país, se podría partir por explicar que una de las pocas fuentes naturales para absorber el dióxido de carbono emitido, es la vegetación en crecimiento (árboles y cultivos de diferentes tipos) pues la fotosíntesis es una de las pocas vías para convertir el CO2 en madera y compensar esas emisiones de gases efecto invernadero.
Resulta fácil comprender la dificultad que tenemos como país para compensar nuestras emisiones si consideramos que cualquier vehículo que consuma Bs 80 de gasolina, Bs 70 de diesel ó Bs 40 de gas natural vehicular emite 50 kg de dióxido de carbono con cualquiera de esos combustibles. Ahora bien, un árbol de molle que ha alcanzado 30 cm de diámetro y mide 8 metros tiene una biomasa que se ha formado lentamente por el proceso de fotosíntesis que equivale a una absorción de 50 kg anuales de CO2 por lo que se necesitaría plantar un árbol anualmente por cada carga de combustible equivalente a Bs 80 de gasolina, Bs 70 de diesel o Bs 40 de gas natural vehicular.
En esta dirección van las recomendaciones de científicos ambientalistas[1] que sugieren que para compensar el actual nivel de emisiones de gases efecto invernadero habría que reforestar 900 millones de hectáreas en todos los continentes, superficie que es posible destinar para fines forestales sin afectar las actuales tierras de vocación agrícola o pecuaria.
Los candidatos no deben acudir al fácil argumento de echar la culpa a otros de lo que está sucediendo a nivel de cambio climático y la ciudadanía debe exigir soluciones a la problemática ambiental que estamos viviendo.
[1] Informe conjunto FAO y Escuela Politécnica Federal de Zúrich (2019).
El autor es ingeniero quìmico
Columnas de JULIO ALEM R.
