La necesidad de una ley de mecenazgo

El tema de la necesidad de una ley de mecenazgo en Bolivia va muchísimo más allá de patrocinar una obra de teatro o una partida de esgrima. Una ley de mecenazgo puede captar fondos privados inclusive para investigación en medicina, donaciones humanitarias y causas múltiples, que ayuden a la recuperación de la pandemia.

El argumento racional detrás de un pedido de incentivos fiscales para fundaciones, asociaciones y organizaciones sin fines de lucro que fomenten programas de interés social, cultural y educativo es el de ampliar la participación de los contribuyentes privados en beneficio de la mayoría.

España tiene una ley de 2002 actualizada en 2014 para dar cabida al micromecenazgo, Chile tiene la Ley Valdés de hace 30 años y EEUU tiene exenciones impositivas para “charitable organizations” desde 1918, y más formalmente desde 1954 con su “Revenue Act”. Brasil tiene una criticada ley de 1991 —Ley Rouanet—, que es la principal fuente de financiamiento cultural en aquel país. Se puede aprender lo mejor de estas experiencias y hacer nuestra propia normativa, que se amolde a las necesidades del país.

La resistencia principal viene del desinterés que tienen los partidos de gobierno al momento de dejar de recibir recursos a través de impuestos, pero es una herramienta mucho más democrática, ya que le quita recursos al político ansioso de financiar políticas populistas, para dárselos a aquellas organizaciones que logran convencer a sus constituyentes y su público de que vale la pena poner dinero en sus emprendimientos, pues tiene una contrapartida asegurada. Además, fomenta el tejido de voluntariado y el valor cívico.

Es hora de meter estos temas en la agenda política para hablar de descentralización y dejar de poner la atención solamente en el aparato burocrático. Ningún candidato ha tratado estos temas en Bolivia en el último año. Quizás sea hora de explorarlo.

Este texto fue extraído del muro de Facebook del autor

El autor es gestor cultural