Negociar con delincuentes

Asombrado por la manera absurda en que se aplica la justicia en nuestro país, me imagino una escena tan extravagante como posible: Unos ladrones irrumpen en mi casa, atemorizan a mi familia y revuelven nuestras pertenencias. Cuando llega la Policía, en lugar de reducirlos y arrestarlos, los invita a sentarse en la sala y negocia con ellos, en tono cordial y con mucha paciencia. Acuerdan, sin consultarme, que podrán robarme el microondas, pero no la computadora. La televisión sí, el refrigerador no. Luego hacen una pausa, y me piden que les invite café y empanadas.

En plena pandemia –alarmante con los datos oficiales, terrorífica con los datos del New York Times–, unas hordas criminales bloquearon carreteras, dinamitaron cerros, no permitieron el paso de ambulancias ni de oxígeno, y asaltaron a los camiones que trasportaban comida. En Cochabamba, bloquearon por dos semanas el botadero de K’ara K’ara, y la ciudad se inundó con alrededor de ocho mil toneladas de basura. Detrás de sus ridículas demandas –entre ellas, adelantar unos cuantos días la fecha de elecciones– se escondía el propósito de generar caos y desestabilizar al Gobierno.

La Presidenta-candidata, con la imagen deteriorada por las denuncias de corrupción y su notoria improvisación en la administración del Estado, buscando ponerle un tapón a la fuga de apoyo para las próximas elecciones, se atribuye el logro de la pacificación a través del diálogo y la negociación con “paciencia franciscana”. ¿Se negoció también con las decenas de personas agonizantes, que luego murieron a causa de los bloqueos? ¿Cuál fue la monumental recompensa que aceptaron a cambio de su vida?

Las manifestaciones están permitidas, siempre que no atenten contra la población, ni contra los bienes públicos y privados. Pero estos crímenes, perpetrados por la COB con la complicidad del MAS, merecían una intervención inmediata, y no un cálculo político desalmado. El Estado debe garantizar la seguridad pública. Los gobernantes deben dejar de lado la bravuconería burda e inmadura que exhiben en las redes, y ser más sobrios y eficientes en aplicar la ley, con firmeza, sin excesos, ni excepciones ni privilegios.

Por ese tipo de desenlaces los ciudadanos nos sentimos desamparados, y cada vez le tenemos menos confianza y, lo que es peor, menos respeto a las normas. Tan manoseada y distorsionada está la justicia en nuestro país, que la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa tiene un proyecto de ley que busca prohibir que el Estado inicie juicios contra los dirigentes que organizaron los bloqueos. ¿Tiene racionalidad jurídica un planteamiento con ese objeto? ¿En manos de qué lunáticos está el Parlamento?

Los vándalos anunciaron un “cuarto intermedio” hasta el día de las elecciones. No hay que ser brillante para afirmar que, a partir de entonces, volverán a incendiar el país. ¿Cómo enfrentarán las nuevas autoridades ese primer gran desafío?

En lugar de añorar a Banzer, o a cualquier personaje que represente otro extremo autoritario y atropellador, debemos simplemente exigir que el próximo Gobierno aplique la ley sin interpretaciones pícaras, y garantice la libertad y la seguridad de los indefensos ciudadanos que apostamos por vivir en Bolivia y trabajamos sin pausa, con grandes obstáculos, por el bienestar de nuestras familias.

La escena termina cuando uno de los policías, mientras se limpia las migas con una servilleta, me dice “misión cumplida”, a modo de despedida. Los ladrones salen por la puerta principal, cargando mis pertenencias, y me sonríen con burla. Cierro la puerta, temeroso, preocupado, con la seguridad de que pronto volverán.

El autor es arquitecto, Twitter: @lema_andrade