La construcción: del estancamiento a la transformación
El sector de la construcción ha transitado, tras la pandemia, un periodo de estancamiento hacia una fase de transformación. Luego de registrar un crecimiento del PIB sectorial cercano al 1,3% en 2024 (el más bajo de los últimos 15 años), el primer semestre de 2025 mostró una leve recuperación del 0,46%, con una proyección de cierre de gestión cercana al 1%.
Entre los principales factores que afectaron al sector destaca la brecha cambiaria, con un dólar paralelo cercano a Bs 18,50 frente al tipo de cambio oficial de Bs 6,96, lo que elevó entre 35% y 70% los costos de los insumos importados, que representan una proporción significativa de la obra.
A ello se sumó una marcada inflación de materiales, reflejada en el incremento del precio del cemento, el acero y los acabados importados ante la escasez de divisas. La falta de diésel se consolidó, además, como uno de los mayores cuellos de botella, incrementando los costos de transporte y encareciendo directamente el precio unitario de las obras.
El Índice de Costo de Construcción (ICC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que mide la evolución de los precios de materiales, mano de obra y servicios del proceso de edificación de inmuebles e infraestructuras, ha evidenciado durante el periodo 2024-2025 una brecha relevante entre la inflación oficial y la realidad del mercado.
Los incrementos del ICC han sido desiguales. Los edificios residenciales urbanos registraron las mayores alzas debido a su dependencia de acabados importados, mientras que las viviendas unifamiliares presentaron aumentos más moderados por el mayor uso de materiales locales.
También se observaron subidas en el acero y las tuberías de PVC, aunque las cifras oficiales suelen ser más conservadoras que las reportadas por la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI), que hacia finales de 2025 registró variaciones de hasta 51%.
La mano de obra, con incrementos de entre 3% y 5%, amortiguó parcialmente el índice, pese a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. A ello se suman diferencias regionales: Santa Cruz presenta el ICC más dinámico y volátil por su volumen de obra y costos logísticos, mientras que La Paz y El Alto muestran mayor estabilidad en materiales, aunque con mayores costos de transporte.
Si bien el ICC del INE constituye la referencia oficial, persiste una brecha frente a los datos de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) y la CBDI, que estiman costos reales entre 15% y 20% superiores, configurando uno de los principales riesgos para los márgenes operativos en 2026.
En este escenario, algunas compañías han optado por fortalecer su eficiencia operativa a través de una gestión más precisa de sus procesos productivos.
Soboce, por ejemplo, ha impulsado mejoras en la utilización de hornos, en el rendimiento de sus molinos y en la reducción de fallas mediante indicadores como el factor clinker o el MTBF (siglas en inglés de tiempo medio entre fallas), lo que le ha permitido sostener niveles estables de producción y precio, incluso en un entorno de costos volátiles.
El fortalecimiento de áreas técnicas y comerciales como la implementación de un departamento de pricing orientado a alinear valor y rentabilidad, refleja la necesidad de que las empresas adapten de manera ágil sus estructuras para amortiguar presiones inflacionarias sin sacrificar competitividad.
Desde la demanda, 2024 cerró con un récord de 4,05 millones de toneladas de cemento, impulsado por el sector inmobiliario como refugio de valor frente a la depreciación, con Santa Cruz concentrando más del 40% de la superficie construida en el eje central.
No obstante, la caída del 33% en los permisos de construcción evidenció una contracción de los proyectos formales y un desplazamiento hacia la autoconstrucción y la informalidad, como respuesta al alza de costos y a la presión impositiva.
La relación entre el sector de la construcción y el sector público constituye uno de los principales focos de tensión para el flujo de caja de las constructoras.
Según la Cadecocruz y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), existen deudas acumuladas de entidades subnacionales, en especial de la Alcaldía de Santa Cruz, con montos estimados entre Bs 400 y Bs 1.000 millones, según distintas fuentes y, del Gobierno central.
Esta situación ha llevado a numerosas empresas a la paralización de obras o a la insolvencia técnica.
De cara a 2026, y considerando el impacto de las normativas recientemente aprobadas y otras anunciadas, se identifican tanto oportunidades como riesgos.
Entre las oportunidades destacan la eventual repatriación de divisas, que podría inyectar liquidez al sistema y dinamizar créditos y preventas; la formalización de pequeñas constructoras mediante el sistema impositivo SIETE-RG; y el sostenimiento de la inversión privada en construcción como refugio ante la depreciación.
Entre los riesgos, sobresalen la necesidad de un decreto complementario que permita el reajuste de contratos de obra pública para evitar su inviabilidad financiera, la presión sobre el abastecimiento de diésel y un escenario inflacionario que podría llevar a las familias a postergar refacciones o ampliaciones.
En este contexto, la inversión privada en vivienda y comercio ofrece mayores niveles de seguridad que la obra pública, debido al riesgo de impago estatal. Asimismo, las empresas que logren optimizar su logística, integrar su cadena de suministro o asegurar contratos de largo plazo contarán con ventajas competitivas clave.
Santa Cruz, pese a los desafíos macroeconómicos y coyunturales, continuará siendo el mercado con más metros cuadrados construidos y mayor dinamismo del país.
En paralelo, la innovación se ha convertido en un diferenciador para las empresas que buscan responder a las nuevas exigencias del mercado y, al mismo tiempo, mejorar la sostenibilidad del sector.
Soboce ha introducido soluciones que combinan eficiencia y menor impacto ambiental, y productos especializados como su cemento ultrarrepelente al agua, orientados a resolver problemáticas recurrentes de humedad.
Estas iniciativas, junto con comités internos que identifican oportunidades para optimizar costos y liquidez, ilustran cómo los modelos de negocio integrados y sostenibles pueden ofrecer mayor certidumbre en contextos desafiantes.
En un entorno marcado por altos costos y restricciones logísticas, la sostenibilidad del sector ya no depende únicamente del ciclo económico, sino de la capacidad de las empresas para ganar eficiencia, optimizar procesos e impulsar inversión productiva.
En un sector atravesado por restricciones estructurales, esta combinación de eficiencia operativa, integración logística y sostenibilidad emerge como un factor determinante para la competitividad y la viabilidad futura de la construcción en el país.
El autor es economista, diplomado de Altos Estudios Nacionales y experto en ‘pricing’ (fijación de precios)
Columnas de CARLOS HUGO BARBERY ALPIRE
















