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Vivimos en un país al revés. Ejemplos:

Un Gobierno de este país obtiene un financiamiento súper concesional del Fondo Monetario Internacional (FMI), en plena crisis mundial por el coronavirus. No es un crédito ni un préstamo, es una operación financiera de intercambio de monedas. El FMI le da a Bolivia un cierto número de Derechos Especiales de Giro (DEG, una canasta de monedas extranjeras, o divisas) y el Gobierno boliviano le da al FMI un cierto número de bolivianos, con el compromiso de que, después de un máximo de cinco años, el FMI le devuelve al Gobierno los bolivianos que recibió y el Gobierno le devuelve al FMI los DEG que recibió. La cantidad de bolivianos y de DEG está dada por el tipo de cambio entre el boliviano y el DEG en el momento del desembolso. Esta no es una operación hecha a la medida para Bolivia. Es un instrumento financiero de emergencia que crea el FMI para hacer frente a la pandemia y varios países aprovecharon este mismo instrumento.

Después de menos de un año cambia el Gobierno y decide devolverle al FMI los DEG que recibió y recuperar del FMI los Bolivianos que le dio. En ese momento pensé escribir un artículo ironizando que las autoridades del MAS no están ni siquiera dispuestas a aceptar lo que es casi un regalo. Menos mal que no lo hice, me hubiera quedado corta. Porque el nuevo Gobierno no solo le devuelve el cuasi regalo al FMI, sino que, además, ¡paga para que este acepte la devolución!

Hasta ahí, mala gestión económica y nada más. Pero lo más grave es que el nuevo Gobierno acusa al anterior de haber hecho “daño económico al Estado”, cuando en realidad quienes le hicieron daño fueron ellos mismos. Sólo en un país al revés. ¿Cuál es su argumento? El subgerente de Comunicaciones del Banco Central de Bolivia, en carta a Página 7 publicada el miércoles 3 de marzo, dice que el financiamiento no era beneficioso para el país porque “al ser un financiamiento en Derechos Especiales de Giro (DEG) el costo del capital contratado varía como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas a nivel internacional…”. Claro, eso mismo sucede con todas, TODAS, las operaciones financieras en divisas, incluyendo las pactadas durante el gobierno de Evo Morales.

Otro ejemplo, un ciudadano de este país al revés denuncia corrupción en el Fondo Indígena, un fondo público creado para beneficiar con proyectos a los pobladores más vulnerables. La acusada, con documentos probatorios en informes de la Contraloría, le inicia juicio al ciudadano que denuncia la corrupción por “acoso político”. ¿En qué país del mundo denunciar la corrupción es un delito penal de “acoso político”? Sólo en un país al revés.

Pasan varios años sin que el juicio (¿o los juicios?) prosperen. Cuando el ciudadano que denunció la corrupción decide presentarse de candidato a una gobernación, rápidamente se reactiva el juicio de supuesto acoso político y el denunciante es declarado culpable y sentenciado a dos años de cárcel. Entretanto, la denunciada por corrupción, es premiada con un cargo diplomático en otro país. Todo al revés.

Y esto no es todo. Gracias al periodista Andrés Gómez Vela, ahora sabemos que hay otro ciudadano que también denunció corrupción en el Fondo Indígena. A ese ciudadano le han iniciado más de 250 juicios. Sólo uno de ellos, según nos informa el señor Gómez, tiene sentencia. De cinco años de cárcel. Pero el denunciante ya pasó seis en San Pedro. Sólo por denunciar corrupción. No cabe duda de que en este país al revés denunciar corrupción es un delito penal. ¿Y la acusada? Por supuesto, libre.

Hay innumerables otros ejemplos. Pero concluyo con uno reciente y trágico. Unos líderes universitarios convocan a una asamblea estudiantil en una universidad pública. Durante la asamblea se producen discusiones y hay empujones en una aglomeración de estudiantes. Producto de esta aglomeración de gente en un cuarto piso, cede la baranda de un pasillo de la universidad y 11 estudiantes caen al patio central. Cinco de ellos mueren con el impacto y dos más fallecen un par de días después. ¿A quién cree que apuntan las investigaciones de los fiscales y los policías? ¡A los estudiantes que convocaron a la asamblea! Se los acusa de homicidio. O sea, ¿en qué país del mundo convocar a una asamblea de estudiantes es delito de homicidio? Que son culpables de infringir las normas sanitarias en época de pandemia, lo son. Pero eso es muy distante de un homicidio. Que, según declaraciones de varios estudiantes, estos dirigentes estudiantiles chantajeaban a los estudiantes con cobros de dinero y hasta daños corporales si no asistían, los haría culpables de coacción y debieran ser investigados y castigados por ello. Pero coacción no es homicidio.

Hasta ahí, la situación me parece injusta, pero aún no digna de ejemplificar un país al revés. Lo que convierte este caso en un ejemplo de país al revés es que las autoridades de esa universidad declaran que serán parte coadyuvante de la investigación contra los dirigentes estudiantiles. O sea, quienes permitieron el uso del edificio para la realización de una asamblea, contraviniendo también las normas sanitarias debido a la pandemia, no sólo se lavan las manos, sino que, haciendo gala de su falta de ética, están felices “coadyuvando” a que el dedo acusador apunte a otro lado, para desviar la atención. ¿Y quiénes construyeron la baranda de quinta calidad? ¿Y las autoridades que aprobaron dicha construcción? Bien gracias.

Que la baranda no siguió las normas de construcción me lo olía de principio al ver los grotescos videos del accidente. Ulteriormente, un par de expertos en el tema me han informado de las deficiencias técnicas de dicha construcción. Sólo baste el siguiente argumento: si la baranda estuviera bien construida, no se hubiera partido en varios lugares como un palito de fósforo, se hubiera doblado, dando así un indicio de peligro que pudo haber salvado vidas. Claro, si no viviéramos en un país al revés.

La autora es doctora en econometría