Entre dignidades y soberanías cocaleras

El 1 de agosto del año 2012, antes de su huida, el entonces presidente de Bolivia Evo Morales a fin de justificar los cambios en la Ley General de la Coca y, sobre todo la ampliación de los cultivos de coca de 10.400 hectáreas a 22.000, reconocía que parte de la producción de coca del Chapare es desviada al narcotráfico. En ese momento, el líder cocalero y presidente recomendaba a los cocaleros “analizar y debatir el hecho de forma responsable” y advertía: "Si a futuro, una vez aprobada la nueva Ley General de la Coca, estos compañeros se exceden, no habrá pretexto. Para evitar la coca excedentaria y el desvío al narcotráfico, aquellos que sigan ampliando sus cultivos tendría que castigárseles con cero coca”.

La ampliación se aprobó en marzo del año 2017 y, nunca, jamás se cumplió la meta de las 22.000 hectáreas. Desde el año 2017 los números son los que siguen: 2017:  24.500 - 2018: 23.100 - 2019: 25.500 - 2020: 29.400. Los datos son de UNODC Bolivia. Informe Monitoreo, Coca, 2020.

Ese trabajo muestra que, pese a cualquier cosa, entre la Ley (906) del año 2017 y la del año 1998 (Ley 1008) el año que mejor se lo hizo, el incremento de cocales fue de 10.700 hectáreas, aunque se diga que el 2018 estuvieron cerca de lograr el cometido, excediéndose con “solo” 1.100 hectáreas . (Datos de antes y después del 2017: 2006 : 30,900 hectáreas, el 2011 fueron 27.200 y el 2020 :29.400).

El informe de UNODC, a mi parecer, carece de alguna información extra que podría dejar las cosas más claras: a) cuánta coca del trópico va al mercado legal del Chapare (en años anteriores el tema estaba consignado) b) cuál es el rendimiento, por hectárea de coca, convertida en cocaína, en otras palabras: con cuántos de coca y de precursores se hace un kilo de cocaína. Este último dato lo venimos pidiendo hace años, no tenemos respuesta.

Cuando apareció el documento de la Unodc, el Gobierno lo fustigó en defensa de las 22 mil ha de coca; en plena presentación del informe, el jovencito que hace de ministro de Gobierno, dijo: “Espero que las declaraciones del señor Rostan, cuando dice que debe revisarse la Ley 906, la Ley de la Hoja de Coca, que tiene datos inflados (…) sea un caso aislado porque no podemos permitir, como Gobierno democráticamente electo, como un gobierno soberano (al) que le interesa el bienestar del pueblo boliviano y de la comunidad internacional, (que el país) reciba ningún tipo de injerencia, y mucho menos (acerca) de cómo lucha contra el narcotráfico, con estos resultados tan exitosos”.

Es que el señor Thierry Rostan, representante de la Unodc en Bolivia, en 2020 (Gobierno Añez) había planteado la necesidad de sincerar el estudio del consumo de coca y revisar la Ley 906, habida cuenta de que ellos consideraban que se habían “inflado” los datos de consumo para poder llegar a las 22.000 hectáreas, llegando a 14.300 en La Paz y 7.700 en Cochabamba.

Los datos de Unodc, además de trabajos de su propio Gobierno (satélites y otros elementos técnicos) fueron usados por el presidente estadounidense, Joe Biden, para “descertificar” a Bolivia. No le otorgó certificado de cumplimiento cuando remitió al Congreso de su país “el memorando sobre los principales países productores de drogas ilícitas o de tránsito de drogas importantes para el año fiscal 2022”. No fue un asunto “contra Bolivia” sino sobre los países que no han cumplido en una tarea en la que debiera estar comprometido el mundo entero.

Del Castillo habla de soberanía, de injerencia y otras sandeces más y, desde el poder político oficialista se habla de que EEUU “no tiene moral” para llamar la atención de nadie porque son los primeros consumidores de droga y cosas como esas como si de verdad importara el argumento, cuando lo claro es que Bolivia incrementó sus cultivos en 11.600 hectáreas para evitar la coca excedentaria y, como aseguró Biden, “desde 2017, cuando se puso en vigencia la Ley General de la Coca, Bolivia no ha cumplido con el límite legal de las 22.000 hectáreas que establece esa norma”. Lo demás son estupideces y chauvinismo narco; ni más ni menos.

Biden dijo: Bolivia falló “de manera demostrable” en sus compromisos internacionales y puso al país en la lista de las 20 naciones que producen y sirven de tránsito de las drogas” y nadie puede decir que no sea cierto.

Seamos francos si se va a hablar de soberanía: al gobierno boliviano la coca y el narcotráfico le vienen bien porque tiene una fuerza social y política que genera poder político y territorial y, además, abarata la economía de la calle; entre 5.000 y 7.000 millones de dólares giran en el mercado informal y eso “alivia la falta de trabajo y de oportunidades de la gente”. Esa, a lo mejor, es la “dignidad” de la que habla más de uno de los parlamentarios del partido oficialista; en los hechos, es la muestra de que somos parte de una pandilla de 20 países que se encargan de atiborrar de drogas de todo tipo a los ciudadanos del mundo. De eso se trata.

Por si no lo tienen claro, hace muchos años, un ex Secretario General de la ONU en la Convención Única sobre Estupefacientes (CCUE), explicó que existen alrededor de 200 especies pertenecientes al género erythroxylum, que es uno de los tres géneros que conforman la familia erythroxylacea. La coca cultivada en Bolivia pertenece al género erythroxylum. La coca, (Erythroxilum coca) es un arbusto de origen amazónico, cuyo hábitat son los valles calientes y húmedos, entre 1.000 y 2.000 metros de altitud, con ramas rectas y parecidas al del té. En la hoja de la coca se encuentran alrededor de 14 alcaloides, siendo el de mayor porcentaje el de la cocaína (methylbenzoylecgonina, con fórmula estructural: C17H24N04).

La excepción del artículo 27 de la Convención Única de Estupefacientes establece que por “hoja de coca” se entiende la hoja del arbusto de coca, salvo las hojas de las que se haya extraído toda la ecgonina, la cocaína o cualesquiera otros alcaloides de ecgonina10.

¡Listo! Ya lo saben.

El autor es periodista