Crisis sin justicia, oportunidad para abrir el diálogo

Cualquier intento encaminado a construir una reconciliación debe edificarse con base en la justicia, sin ella no será posible. La justicia es el cimiento de un proceso en el que deben establecerse responsabilidades en diferentes ámbitos de manera imparcial y abrirse los diálogos con autocrítica y empatía para recuperar la verdad, sanar las fracturas y proyectar un mejor futuro. Sin una justicia que responda como un servicio accesible, gratuito e imparcial tampoco será posible.

¿Cómo encarar entonces esta crisis sin un sistema de justicia eficaz e imparcial? La denominada “reforma judicial” no parece ser la única respuesta. Los múltiples intentos naufragaron por la falta de voluntad e iniciativa política, las propuestas se concentran en cambios normativos o mejoras administrativas secundarias sin el suficiente debate. No existen diagnósticos actualizados ni comprensivos que reflejen los problemas estructurales desde la perspectiva del ciudadano usuario y concurren limitaciones a su tratamiento constitucional. Su prioridad fue languideciendo por el desinterés en abrir debates y generar consensos.

En este escenario cobra relevancia la estrategia de una “justicia transicional”, que promueva una concepción de justicia posible e imparcial. Surge como una respuesta comprensiva a las condiciones de tensión -casi irresolubles- para encontrar equilibrios pragmáticos que integren los múltiples elementos de la crisis, de los conflictos, políticos e institucionales, incluido el desafío de renovar el sistema judicial. El concepto de “justicia transicional” procura equilibrios entre los ideales de la justicia y el realismo político; entre las dosis de justicia penal necesarias para evitar la impunidad y las condiciones para preservar la estabilidad democrática y la paz social; en el adecuado tratamiento de las amnistías, los indultos; en recuperar la confianza en la administración de justicia y en el reconocimiento y la reparación de las víctimas a partir del esclarecimiento de los hechos.

El sistema judicial boliviano, incluyendo al Ministerio Público y al Tribunal Constitucional, sufre una severa crisis de larga data expresada en la absoluta falta de confianza ciudadana en sus operadores por su desempeño y producto de sus decisiones. Sólo basta mencionar aquellas que han convertido la detención preventiva en una práctica extorsiva que comprende al 70% de la población penitenciaria; las decisiones postergadas o contradictorias del Tribunal Constitucional en materia de la reelección o la sucesión presidencial; el sometimiento de las actuaciones del Ministerio Público a los intereses políticos del gobierno de turno; la injerencia partidaria en la designación y el desempeño de fiscales y jueces, y la indolencia del Estado para proveer un presupuesto razonable.

Pese a la precariedad en la que se encuentra el sistema judicial, éste resulta insustituible para atender las múltiples situaciones que enfrenta la ciudadanía y el propio Estado cuando se producen hechos que comprometen el orden público y la propia democracia. El problema surge cuando el desempeño de jueces y fiscales no es oportuno ni imparcial. Las expectativas de justicia se reducen a juicios “espectáculo” a determinados personajes sobre narrativas políticas elaboradas por las partes confrontadas, como las que reducen los acontecimientos de 2019 sólo a la ocurrencia de “golpe” o “fraude”, limitando la averiguación de los hechos a determinados tipos penales sin considerar el contexto completo del conflicto y desatendiendo el inicio y conducción de los procesos judiciales por hechos más graves como las masacres de Sacaba y Senkata que cobraron múltiples víctimas. Esta judicialización selectiva resulta contraproducente al propósito de hacer justicia con la verdad para establecer responsabilidades y restablecer la paz social, peor aún, se convierte en un ingrediente adicional de tensión.

En Bolivia se sucedieron episodios de represión y violencia política a lo largo de toda su historia. Desde las sangrientas persecuciones a indígenas por los colonizadores; los excesos del “control político” durante los gobiernos del MNR; la coerción violenta de las diversas dictaduras militares, hasta los eventos de represión con víctimas durante el último tiempo democrático. También ha sido frecuente el acoso judicial como instrumento encubierto de confrontación y escarmiento político. En la mayoría de estos acontecimientos el Estado no tuvo la capacidad o la voluntad para abrir y sostener procesos de investigación que conduzcan a procesos judiciales imparciales y objetivos para establecer responsabilidades y menos para resarcir razonablemente a todas las víctimas que se ocasionaron. Tampoco se intentaron procesos de reconciliación para sanar las fracturas políticas y sociales que provocaron los conflictos. Al contrario, la confrontación entre determinados sectores ya es recurrente y se retroalimenta por la ausencia de justicia imparcial.

Hoy es posible plantear una salida a la crisis a partir de tres consensos básicos de transición hacia una convivencia más armónica, plural y tolerante: recuperar la verdad, intentar la reconciliación y transformar la justicia. Una reconciliación genuina permitirá restituir los vínculos entre partes confrontadas para construir agendas sostenidas de políticas públicas, sobre todo aquellas que tienen relación con el bien común y encarar un futuro lleno de desafíos e incertidumbres. Existen experiencias exitosas de “justicia transicional” que pueden orientar un esquema de trabajo que permita congregar voluntades políticas y ciudadanas para cesar las hostilidades y comenzar a reconciliarnos entre bolivianos, es tiempo para dialogar.