¿Se podrá detener la minería aurífera ilegal?
Aparte de la detención preventiva de 19 personas arrestadas en flagrancia en Beni, un anuncio de acciones conjuntas de los ministerios de Salud, Medio Ambiente y Minería, y el compromiso de las cooperativas auríferas del norte de La Paz para reducir el empleo de mercurio en sus actividades, no se conoce de ninguna otra iniciativa gubernamental contra minería aurífera ilegal que, entre otros perjuicios, contamina los ríos del norte del país.
Once días después del espectacular y mediatizado operativo contra la minería aurífera ilegal —ejecutado en dos comunidades ribereñas del río Madre de Dios— en el municipio de Riberalta nada se sabe sobre el avance de la investigación acerca de los propietarios de las 27 dragas y varios lanchones destruidas por las fuerzas combinadas que actuaron en presencia del ministro de Gobierno.
Es más, la asesora general de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) admitió hace seis días que “lastimosamente la actividad mineral ilegal ha proliferado y ha rebasado un poco la capacidad institucional de (esa instancia estatal), porque hay que reconocer que no contamos con el apoyo de personal y económico”.
Hace una semana, en este mismo espacio, consideramos que ese vasto y prolongado operativo ejecutado por policías y militares el viernes 14 de este mes, en Riberalta —cuando se detuvo a más de medio centenar de personas que realizaban actividades no autorizadas para explotar oro— era “una señal positiva de que el Gobierno apunta a combatir la minería aurífera ilegal”.
Es evidente que, por la magnitud, complejidad y efectos negativos que representa la explotación de oro en las aguas de los ríos del norte boliviano, no se puede esperar resultados espectaculares e inmediatos.
Pero es también cierto que, precisamente por esas características, el problema exige iniciativas de gran alcance que corresponden tanto a las instancias correspondientes del Órgano Ejecutivo, como a la Asamblea Legislativa.
Pero, al parecer, nada de eso ocurre y suman las constataciones de daños provocados por la contaminación con mercurio de las aguas fluviales y sus consiguientes daños a la salud de comunidades indígenas ribereñas.
El hecho de que una alta funcionaria de la AJAM admita que su capacidad de acción está “un poco” rebasada por las actividades auríferas ilegales tendría que haber motivado alguna reacción gubernamental o legislativa.
En ese contexto, es inevitable preguntarse cuál fue la real motivación para el mencionado despliegue de efectivos y vehículos militares que, en los hechos, dio como resultado un considerable número de detenciones y la destrucción de maquinaria minera.
