Elecciones judiciales: problema central de la justicia
Las elecciones judiciales representan uno de los aspectos más complejos y controversiales del sistema político. Únicamente en Bolivia se lleva a cabo la elección por voto de autoridades judiciales. La noción de elección democrática puede ser seductora, ya que teóricamente se dice que el pueblo nunca se equivoca, que “la voz del pueblo es la voz de Dios”. La realidad que está detrás de estas elecciones evidencia una serie de problemas sistémicos que plantean dudas sobre su legitimidad y efectividad.
En primer lugar, es crucial reconocer que las elecciones judiciales han generado más incertidumbres que certezas. A pesar de las afirmaciones de ciertos abogados destacados sobre su importancia histórica, en la práctica las elecciones judiciales han erosionado los principios de meritocracia y han fomentado la politización, el favoritismo, el nepotismo y la corrupción. Casos como el del magistrado Alcón, quien nombró a su hermano como juez y este último estuvo involucrado en la venta de fallos, incluida la liberación del delincuente psicópata Choque, responsable de cuatro muertes y múltiples delitos sexuales, son sólo la manifestación más visible de un sistema que parece alejarse de su propósito original.
La campaña electoral judicial es un desafío monumental a nivel nacional y departamental para los candidatos. En su mayoría desconocidos, ellos compiten por la atención de una ciudadanía preocupada por cuestiones cotidianas, por personas sumergidas en una realidad alterna influida por las redes sociales e internet. Además, la campaña conlleva un desembolso económico considerable para los candidatos planteando interrogantes sobre la rentabilidad de un cargo judicial con un salario fijo por seis años. A primera vista, la perspectiva económica parece incierta. No obstante, la recuperación de la inversión se presenta como una prioridad, y el ganador accede a áreas de libre designación en funciones judiciales y administrativas. Así, la venta de cargos no resulta descabellada, habida cuenta de las denuncias y del tráfico de influencias que han tenido lugar.
La falta de información y la desigualdad en el acceso al conocimiento sobre los candidatos son factores que contribuyen a una participación limitada y a decisiones poco informadas por parte del electorado en las elecciones judiciales. Esta falta de conocimiento se manifiesta en la escasa revisión, e incluso la ausencia de análisis, de los planes de trabajo presentados por los candidatos, así como en la falta de examen de los méritos individuales de cada postulante, aunque sea por un breve lapso de al menos cinco minutos.
Los resultados electorales muestran que la gente vota en blanco o nulo. Y muy poca gente vota por uno u otro candidato. Para lograr a ese nicho de votantes reducido para poder ganar elecciones se sobreentiende que hay que hacer alianzas con organizaciones que no lo harán de manera desinteresada y en algún momento vendrán a cobrar el favor. Es decir, las sentencias o fallos ya están condicionadas a antes de las elecciones.
El deseo de acceder al poder judicial responde en gran medida a la posibilidad de influir en importantes litigios: agrarios, tributarios, civiles. Estas causas serán para favorecer a discrecionalidad al que pueda devolver lo gastado en la campaña electoral judicial, así de claro. Otro factor que ya responde a criterios políticos es convertir al poder judicial en un instrumento de poder y en un campo de batalla para la lucha política favoreciendo a las autoridades del poder ejecutivo de turno o para castigar a los opositores de turno. El poder judicial es un instrumento de poder.
Este procedimiento de elección judicial es vulnerable a la influencia y manipulación por parte de operadores políticos, e incluso más preocupante, por parte de la delincuencia organizada y el narcotráfico. Es lógico que estos actores busquen establecer relaciones con el Poder Judicial con el objetivo de obtener favores en el futuro. Un ejemplo claro de esta situación es el caso del narcotraficante sentenciado en Brasil, Pedro Montenegro, quien mantenía relaciones con altas autoridades judiciales.
Las consecuencias son que el Estado pierda en cualquier disputa legal, y para la ciudadanía, el problema es que ahora mismo hay muchas personas inocentes detenidas en la cárcel. Por otro lado, personas culpables pueden estar en libertad. Lo que determina si se evade o se burla la justicia es el dinero del acusado. Desde el punto de vista económico, nadie invierte para perder y quienes invierten en un puesto judicial lo hacen para recuperar o ganar lo invertido.
En última instancia, queda claro que el sistema de elecciones judiciales es en sí mismo el problema. Diseñado para promover la democracia y la participación ciudadana, ha terminado siendo un instrumento de corrupción, injusticia y desestabilización de la democracia. Es hora de repensar y reformar este proceso fundamental para restaurar la fe en una justicia verdaderamente imparcial y equitativa.
