Bolivia; el círculo del poder y el eterno retorno de los pactos

Semejante al eterno retorno de lo idéntico. Lo cíclico se convierte en una ley. ¡Todo fue! ¡Todo es idéntico! ¡Todo vuelve a suceder! Dice el mandato nietzscheano.

Esta es una sentencia que, como una espada de Damocles pende de las vigas del tiempo y del espacio. Tiempo y espacio son, desde una unidad vigorosa, un “taypi” inescrutable que pervive, en armonía cíclica, en ese cuerpo que se va construyendo a base de encuentros y desencuentros.  

Tras el paso de una era, el retorno de lo idéntico marca, de nueva cuenta en Bolivia, otro ciclo que apenas está por comenzar. 

Un período similar al ya vivido y experimentado, pero con variantes indiscutibles de esa dualidad definitoria e indisoluble del destino del hombre y su realidad: tiempo y espacio. 

¡Sí! Esa nueva coyuntura política que se iniciará después del 19 de octubre, debe tener una condición sine qua non para que la gobernabilidad y la institucionalidad pervivan; voluntad política, para acordar y poner en común ideas e intereses de los bolivianos sobre la mesa de una política consensuada.  

En la historia reciente de Bolivia, la expresión democracia pactada resume una etapa política que, entre luces y sombras, marcó el aprendizaje colectivo sobre lo que significa gobernar en plural. No fue solo una fórmula de coaliciones ni una táctica de supervivencia parlamentaria: fue, durante casi dos décadas, el intento de convertir la fragmentación política en un principio de estabilidad.

Tras casi dos décadas de dictaduras militares, el retorno a la democracia en 1982 abrió un nuevo horizonte. El país recuperaba el voto, pero las urnas revelaron un sistema político profundamente fragmentado. Ninguna fuerza alcanzaba mayoría absoluta y el electorado se dividía entre viejas tradiciones y nuevas esperanzas. La gobernabilidad, por tanto, no podía basarse en la fuerza de una sola sigla, sino en la capacidad de negociar.

Así nació la democracia pactada, entendida como un mecanismo de acuerdos entre partidos para garantizar la continuidad institucional. Desde el primer gobierno democrático de Hernán Siles Zuazo hasta las alianzas entre el MNR, ADN y MIR, la política boliviana encontró en el pacto su forma de respiración.

El Pacto por la Democracia de 1985 —entre Víctor Paz Estenssoro (MNR) y Hugo Banzer (ADN)— fue el símbolo de ese modelo: dos antiguos rivales ideológicos unieron fuerzas para estabilizar un país acosado por la hiperinflación y el caos económico. A partir de entonces, gobernar significó pactar, y pactar significó compartir el poder.

Durante los gobiernos de Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora y Gonzalo Sánchez de Lozada, Bolivia vivió una etapa de relativa estabilidad política y económica. Las alianzas parlamentarias permitieron aprobar reformas estructurales como la Nueva Política Económica, la capitalización, la descentralización y la reforma educativa.

El discurso dominante era el de la gobernabilidad. Se entendía que, para mantener la estabilidad, era necesario conciliar intereses y limar diferencias. Los partidos se convirtieron en mediadores del poder y en guardianes del equilibrio institucional. El consenso era visto como madurez democrática: la victoria no era aplastar al adversario, sino incorporarlo.

Sin embargo, esa lógica también generó su propio desgaste. El sistema se volvió elitista, cerrado y repetitivo. Los acuerdos se firmaban entre cúpulas partidarias, lejos del control ciudadano. Las alianzas dejaban de ser programáticas y se transformaban en mecanismos de distribución del Estado: cargos, ministerios, embajadas.

El ciudadano común comenzó a percibir que la política no respondía a su voluntad, sino a una coreografía pactada entre los mismos actores de siempre. La democracia, que debía ser representación, se volvió transacción. El consenso, que debía dar estabilidad, comenzó a oler a complicidad.

El siglo XXI llegó con una profunda crisis de legitimidad. La desconfianza hacia los partidos tradicionales, la pobreza persistente y las demandas sociales acumuladas estallaron en protestas masivas. La Guerra del Agua (2000) y la Guerra del Gas (2003) fueron la expresión más violenta del divorcio entre el sistema político y la sociedad.

La caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003 simbolizó el colapso de la democracia pactada. El modelo que había mantenido la estabilidad durante dos décadas ya no podía sostenerse. Su estructura de acuerdos entre élites se vino abajo frente a un país que reclamaba participación directa, representación indígena y renovación profunda.

El vacío fue ocupado por una nueva forma de poder. El ascenso de Evo Morales y del MAS en 2006 dio paso a la democracia plebiscitaria, donde el caudillismo reemplazó al pacto institucional. 

El ciclo de los pactos terminó, pero la pregunta sobre cómo gobernar un país diverso y fragmentado quedó abierta.

Cuatro décadas después del retorno a la democracia, Bolivia se enfrenta nuevamente al desafío de la fragmentación política. La hegemonía del MAS se ha resquebrajado, y el mapa electoral muestra una dispersión de fuerzas que difícilmente podrá garantizar gobernabilidad sin acuerdos.

En este escenario, la idea de una nueva democracia pactada vuelve a surgir, aunque en circunstancias distintas. Ya no se trata de los pactos entre partidos tradicionales, sino de acuerdos entre bloques sociales, movimientos ciudadanos y liderazgos regionales. La segunda vuelta electoral, introducida por la Constitución de 2009, vuelve a colocar el pacto en el centro del tablero: quien no pacte, difícilmente gobernará y, por ende, no podrá garantizar una gestión estable y democrática.

Pero la historia ofrece una advertencia. La vieja democracia pactada fracasó cuando los acuerdos se hicieron a espaldas del pueblo. Hoy, si el país quiere reconstruir una gobernabilidad legítima, los pactos deberán ser transparentes, programáticos y éticos. No se trata de repartirse el poder, sino de compartir un proyecto nacional.

La democracia pactada del siglo XXI no puede repetir la lógica del prebendalismo; debe renacer como un espacio de convergencia entre visiones diversas que entienden que ningún proyecto puede imponerse solo. Gobernar volverá a ser negociar, pero esta vez con la sociedad mirando.

La política boliviana parece condenada a reencontrarse con su pasado. Los desafíos de hoy —la polarización, la crisis económica, el desgaste institucional— exigen una nueva cultura del acuerdo. Bolivia necesita pactos, pero no de conveniencia, sino de convicción colectiva. Pactos que recuperen la esencia del diálogo y la corresponsabilidad democrática.

Si los actores políticos aprendieron la lección histórica, la democracia pactada podría dejar de ser un recuerdo del pasado y convertirse en una herramienta del futuro. Porque en sociedades divididas, la gobernabilidad no se impone: se construye entre distintos, día a día.

Bolivia, que alguna vez aprendió a gobernar negociando, tendrá que volver a hacerlo —esta vez con la ciudadanía como testigo y protagonista.

El autor es comunicador social