Una pésima señal
El 7 de noviembre recién pasado, la ciudad de Cochabamba fue testigo de una mala señal: el asesinato del juez Wilmer Cruz Arancibia. El crimen marca un punto de inflexión en la seguridad ciudadana, porque los sicarios que hasta ahora habían operado en el trópico han decidido desplazarse a la ciudad para operar con la misma impunidad que en esa región .
Las imágenes del hecho –que circulan en la redes sociales y se lograron gracias a las cámaras que cientos de vecinos han instalado en sus casas como una forma de protegerse de la delincuencia– revelan la planificación y la ejecución a sangre fría del juez en plena vía pública, cuando la víctima se dirigía a su domicilio a bordo de su vehículo acompañado de su hijo, luego de una actividad escolar.
Los videos muestran cómo los asesinos siguen al juez –igual que depredadores a su presa–, lo ejecutan a balazos desde una motocicleta y luego rodean el vehículo del asesinado sin importarles que haya testigos de sus acciones.
Y, es que el asesinato del juez Wilmer Cruz no es sólo un atentado contra la víctima, su familia y los jueces; sino, que es un ataque contra todos quienes quieren vivir en una sociedad que respeta la vida y los derechos humanos.
Nadie, sin importar el motivo de la ejecución, puede tener una actitud indiferente cuando se quita la vida a un magistrado, que en nombre de la sociedad aplica las leyes e imparte justicia.
Aunque la imagen de la administración nacional de justicia esté venida a menos, nadie está por encima de las leyes ni puede arrebatar la vida a otra persona, ni ordenar hacerlo.
Y si, como en este caso, la víctima es un juez, el impacto de este hecho desbarata toda certidumbre de seguridad ciudadana, así sea relativa.
El impacto, como es comprensible, ha sido mayor entre los administradores de justicia que, en Cochabamba, pidieron –mediante un manifiesto– garantías porque su “labor de impartir justicia no puede desarrollarse bajo amenazas, presiones ni campañas de desprestigio”.
El asesinato de un juez de sentencia en funciones en el trópico de Cochabamba, donde estaba a cargo del tratamiento de casos sensibles como secuestros y homicidios, es una alerta para las instancias estatales encargadas de la seguridad y de la represión de la criminalidad, pues este hecho evidencia el alarmante incremento de la violencia criminal.
Es tan importante tomar medidas para evitar más asesinatos, como investigar a fondo este caso hasta identificar a los ejecutores materiales y al autores intelectual.
La justicia y la verdad deben servir para que en el futuro nadie se sienta con la impunidad para quitar la vida y amedrentar a los jueces. Lograrlo no es fácil, porque los grupos criminales han penetrado las instituciones y operan con más recursos que la fuerza pública; pero resulta inevitable avanzar en medidas que den a los jueces lasa garantías plenas para ejercer su labor con libertad.
