¿El fin de los botaderos?
La basura que generan los municipios del eje metropolitano, con excepción de Sacaba, no solo se maneja de manera precaria y sin cumplir las normas ambientales que se exigen para reducir la contaminación, sino que, además, hay botaderos clandestinos, al menos uno.
Se trata de un vertedero descubierto en Cotapachi durante la inspección realizada por una comisión interinstitucional a ese sitio donde, la semana pasada, se produjeron choques violentos, resultado de un conflicto relacionado con los botaderos de Quillacollo y Colcapirhua que “no cumplen las condiciones medioambientales”, informaba el martes el jefe de la Unidad de Control y Fiscalización Ambiental de la Gobernación.
En cuanto al tercero, no autorizado, es una “celda de emergencia” que la empresa Complejo Industrial Cochabamba Tunqui “utilizó para traer los residuos sólidos de Cochabamba” es decir del municipio de Cercado, asegura el funcionario de la Gobernación.
¿Es tan sencillo depositar toneladas de basura sin que ninguna institución realice algún tipo de control?
¿Qué pasó para que ninguna de las instancias nacionales, departamentales y municipales haya fiscalizado el funcionamiento de los botadores para evitar que sus lixiviados, el líquido que se desprende de la basura descompuesta, sean bien manejados y se reduzcan los riesgos de contaminación?
De acuerdo con la Ley N° 755 de Gestión Integral de Residuos, de 28 de octubre de 2015, las instancias estatales encargadas de este tema son: el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, a escala nacional; y las respectivas reparticiones municipales y de las gobernaciones a nivel municipal y departamental.
Esas instancias tienen la responsabilidad de realizar controles permanentes en los rellenos sanitarios, deberían tener al menos un cronograma de inspección a los vertederos para supervisar que los municipios estén cumpliendo con la normativa ambiental y, claro, para detectar botaderos clandestinos y otras irregularidades como depósito de residuos sólidos en los ríos, quebradas y torrenteras.
Sin embargo, lo ocurrido en Cotapachi: dos conflictos con uso de armas de fuego y explosivos, ambos relacionados con la basura y su manejo, demuestran que el trabajo ambiental falló.
“Estos tres botaderos deben cerrarse hasta mayo del 2026, dando cumplimiento a la Resolución Ministerial 269”, recuerda el jefe de la Unidad de Control y Fiscalización Ambiental de la Gobernación.
En efecto, esa Resolución establece que el “plazo final de cierre de botaderos en Bolivia” concluye el día 18 de mayo de 2026”, exactamente cinco años después de iniciada la “implementación de cierre técnico” de esos vertederos en todo el territorio nacional.
¿Será posible? ¿Podrá cumplirse lo que impone la resolución ministerial?
Parece un tanto difícil, considerando que cinco meses antes del plazo fatal se “descubre” una celda no autorizada de la que poco o nada se sabía, solo por una inspección resultante de un conflicto violento con resultados fatales.
