Ola de violencia en Santa Cruz
Santa Cruz, la ciudad pujante y hospitalaria que todos conocemos, se ha convertido en el escenario de la violencia de grupos que se disputan el lugar que dejó vacío el narcotraficante Sebastián Marset, capturado en marzo pasado en el céntrico barrio de Las Palmas en medio de un operativo policial.
Y, aunque, hoy uno de los narcos más buscados está en una cárcel de Estados Unidos, en Bolivia se ha desatado una confrontación entre los posibles sucesores de su red, según la versión de las autoridades ante la ola de violencia que afecta al departamento.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, advirtió a principios de mayo, de una reorganización y operación de estructuras de crimen organizado en el departamento de Santa Cruz al vincular la reciente ola de violencia y asesinatos con ajustes de cuentas del narcotráfico. Remarcó que la detención de Marset no representó el fin, sino el inicio de una disputa violenta por el control de su estructura.
La violencia vinculada con el narcotráfico no es nueva, pero sí se ha intensificado en las anteriores semanas con la participación de sicarios que, sin importarles ser vistos por testigos o captados por las cámaras de seguridad, acaban con la vida de sus víctimas en un instante, como sintiéndose, además, seguros de que su crimen quedará en la impunidad.
Son al menos cuatro años en los que la violencia se ha agravado a partir del asesinato de dos policías y un voluntario en Porongo; luego, continuaron los asesinatos como el del policía José Carlos Aldunate en la puerta de su casa. Posteriormente, siguieron los secuestros y asesinatos en Santa Cruz; y, las muertes en San Matías, Puerto Quijarro y San Ignacio de Velasco.
Lo más grave tuvo lugar la semana pasada con cinco muertes, entre ellas la del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, quien fue acribillado al llegar a un hotel en Santa Cruz.
El asesinato del magistrado es un hecho sin precedentes en Bolivia solo comparable con el crimen del juez Wilmer Cruz en Cochabamba que hasta hoy sigue en la impunidad.
Ante lo sucedido no se puede permitir que la violencia se normalice en Santa Cruz ni en ninguna otra ciudad de Bolivia. Es urgente comenzar a frenar la inseguridad y los crímenes cometidos por sicarios para recobrar la paz y la seguridad con instituciones sólidas y transparentes que den con los responsables de las muertes.
No basta que las autoridades se reúnan para formar comités, cuando la violencia se ha desbordado; sino, que se necesitan implementar mecanismos de control del crimen organizado y de imponer justicia, porque la impunidad es la peor señal que se puede dar ante este tipo de atentados contra la vida de las personas.
