Mesa: "Aprecio el gesto del Presidente, pero no acepto la presunción de culpabilidad"
El expresidente y vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, se refirió hoy a la amnistía que el jefe de Estado, Evo Morales, anunció por el juicio de responsabilidades en el caso Quiborax. Expresó que no acepta la presunción de culpabilidad.
Aprecio el gesto del Presidente. Pero no acepto la presunción de culpabilidad. En el caso Quiborax no solo no tengo responsabilidad alguna, soy yo quien acusa a los verdaderos culpables. Finalmente, el juicio no ha sido siquiera considerado por la ALP.
— Carlos de Mesa G. (@carlosdmesag) 27 de septiembre de 2018
Morales señaló hoy que la amnistía también favorece al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga por el caso petrocontratos.
“Mi compromiso con la causa marítima está al margen de cualquier circunstancia, por dura que sea. Lo tuve como presidente, lo tengo ahora y lo tendré siempre”, agregó Mesa en otro tuit.
Carlos Alarcón, abogado de Mesa, dijo hoy que no correspondía la amnistía porque a su parecer el expresidente no cometió delitos en el caso Quiborax y tampoco cuenta con sentencia.
“Todas sus actuaciones han estado ajustadas, apegadas en derecho, no se ha dado ni siquiera la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional para llevar adelante ese juicio”, dijo Alarcón, citado por Urgentebo.
Morales dijo que amparado en la atribución 14 del artículo 172 de la Constitución Política del Estado (CPE) y por “decisión personal” decidió otorgar esta amnistía a Mesa y Quiroga. Aseguró que esta determinación tiene el objetivo de que no se entorpezcan "las nuevas actividades internas y externas de defensa de nuestro derecho marítimo".
En 2011 la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) autorizó el juicio de responsabilidades por el caso petrocontratos que implica a Jorge “Tuto” Quiroga por la presunta suscripción irregular de 107 contratos petroleros con 21 empresas entre los años 1997 y 2004.
Mesa debía afrontar un juicio de responsabilidades por supuestos errores en el Decreto Supremo 27589 que expulsó a la empresa chilena Quiborax, lo que derivó en un juicio que Bolivia perdió y costó 42,6 millones de dólares.
