Cuestionan plan posincendio porque no frena desmontes
La estrategia posincendio presentada por el presidente Evo Morales, con la que se pretende reforestar y proteger la flora y fauna de la Chiquitanía que fue devastada por los incendios forestales, no establece un freno a la dotación de tierras ni a las autorizaciones de desmontes en esta región.
Mientras tanto, el Comité Cívico de Santa Cruz inició el proceso de desalojo de comunidades ilegalmente asentadas.
Según el investigador del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) Leonardo Tamburini, no hay ni habrá, al parecer, pausa en la dotación de tierras ni en los chaqueos o desmontes en áreas boscosas.
“Sin la inmovilización de las áreas a recuperarse, no será posible tampoco regeneración natural. Por el contrario, parece que en todas se hará intervención humana para la ‘reforestación’”, dijo, y mencionó que el Gobierno no tiene estudios de impacto ni un plan con estrategia clara en el aspecto social, cultural o ambiental.
La estrategia gubernamental se enfoca en garantizar agua para las personas y el ganado damnificado, reforestar el área dañada, rescate y cuidado de animales, reposición de 12 viviendas quemadas, creación de una escuela de bomberos forestales, posibilidad de reprogramación de créditos productivos y, finalmente, “las medidas necesarias” para la recuperación del medioambiente y la protección del patrimonio ecológico en el marco de la pausa ecológica.
Tamburini observó que la estrategia no toma en cuenta una zonificación ni recojo de insumos como plantean los municipios afectados y la Gobernación de Santa Cruz, puesto que, al parecer, se impone la estrategia de implantación de bosques con especies de alto valor comercial, como la palma africana.
“La reforestación apunta a sustituir los ecosistemas degradados en praderas para la ganadería o bosques implantados. Por tanto, sugiere, incluso, que los incendios han sido provocados con la venia del Gobierno para implementar la estrategia de la ABT (...) de convertir el oriente en un gran campo del agronegocio, bosques de plantaciones de monocultivo y praderas ganaderas”, añadió.
Por su parte, el vocero del Colegio de Biólogos de Santa Cruz, Huascar Bustillos, coincide en que es necesario detener los asentamientos, puesto que la declaratoria de pausa ecológica implica un freno total a las actividades extractivistas con el objetivo de dar tiempo a los ecosistemas para que pueda regenerarse.
Argumentó también que es necesario controlar la cacería, ya que la fauna silvestre de la Chiquitanía se encuentra mermada a causa del fuego. “Se necesitan políticas de control y de inmovilización para poder dar ciertos chances a esta población afectada”, agregó.
Desalojan asentamientos
Tal como lo establece una de las determinaciones del cabildo del 4 de octubre realizado en Santa Cruz, el Comité Cívico de Santa Cruz inició el desalojo de las comunidades ilegalmente asentadas en cinco municipios de la Chiquitanía, informó el presidente de esta institución, Luis Fernando Camacho.
Se trata de los municipios de Concepción, San Ignacio, San Miguel, San Rafael y San José de Chiquitos. Camacho dejó en claro que el desalojo se lleva a cabo de manera pacífica y en apego a la norma.
Informó, además, que el área conformada por asentamientos ilegales en los cinco municipios alcanza a 1,8 millones de hectáreas. Finalmente, anunció que se realizará el mismo trabajo en el resto de municipios chiquitanos.
El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que “si alguien violó lo que dice la Constitución, por supuesto hay que sacarlo inmediatamente”, pero aclaró que esto amerita la verificación de títulos de propiedad y realizar la georreferencia.
“Los incendios forestales calcinaron alrededor de 3,9 millones de hectáreas en Santa Cruz”
PIDEN AL GOBIERNO ABROGAR NORMAS
La directora del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) regional Santa Cruz, Sheyla Martínez, afirma que es necesario abrogar la Ley 741, que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades comunitarias o campesinas para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarios, así como el Decreto Supremo 3973, que autoriza el desmonte en Santa Cruz y Beni para fines agropecuarios.
Martínez considera que estas normas fueron “un acelerante del desastre” en la Chiquitanía. Cuestionó, además, que promueven los monocultivos de maíz o soya y la ganadería extensiva en el marco del agronegocio.
CÍVICOS IDENTIFICAN 1.190 ASENTAMIENTOS ILEGALES
REDACCIÓN CENTRAL
El dirigente cívico del Bloque Chiquitano, José Serrate, informó que durante la visita a las alcaldías de los municipios de Concepción, San Ignacio, San Rafael, San Miguel y San José de Chiquitos, se identificaron a aproximadamente 1.190 comunidades ilegalmente asentadas.
Serrate precisó que Concepción tiene 60 comunidades reconocidas y con personería jurídica otorgada por el municipio, pero también alberga a al menos 250 asentamientos que no poseen documentación. San Ignacio reconoce a 156 comunidades, pero hay otras 160 no reconocidas.
Agregó que San Miguel “dice conocer” a 21 comunidades, pero allí el Gobierno tiene previsto el asentamiento de aproximadamente 150 comunidades más.
San Rafael registra 160 comunidades, algunas todavía con documentos en trámite, pero existen otras 180 en situación de ilegalidad.
Finalmente, Serrate informó que en San José de Chiquitos los asentamientos ilegales llegan a 450, mientras que los legales sólo son 61. Anunció que el trabajo de verificación seguirá en los municipios de Roboré, Carmen Rivero Tórrez, Puerto Suárez, San Matías y otros de la provincia Guarayos.
Por su parte, el ejecutivo de la Federación Departamental de Interculturales, Wilson Cáceres, dijo a ABI que el Comité Cívico de Santa Cruz usurpa funciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) al hacer el relevamiento.
