En febrero deciden si anulan el caso Terrorismo y absuelven a implicados
Tras el retiro de la acusación particular del Gobierno, las autoridades del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz y fiscales del Ministerio Público resolverán el próximo 3 de febrero si dan curso a la emisión de una sentencia absolutoria a favor de los procesados en el caso Terrorismo. El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, considera que el proceso debe anularse y volver a foja cero.
"A la próxima audiencia del 3 de febrero, el Ministerio Público ya va a tener una posición respecto al retiro o no de la acusación. El retiro de acusación significa procesalmente que va a tener un efecto dentro del proceso y se llama sentencia absolutoria, se va a pronunciar seguramente por el Tribunal una sentencia absolutoria, pero eso está todavía a verificarse en la próxima audiencia", informó el fiscal Marco Rodríguez.
El fiscal dijo que para este jueves la Fiscalía General convocó a una reunión para analizar este caso y ahí definirán si retiran o no la acusación contra los sindicados de este caso, tal como lo hizo ayer el Ministerio de Gobierno.
En este caso, 39 personas fueron procesadas por terrorismo debido a que en abril de 2009 supuestamente intentaron matar al presidente Evo Morales y convulsionar al país. Por ese presunto hecho, un total de 22 implicados fueron a juicio oral iniciado en 2012, cuatro fueron separadas por razones de salud y seis se acogieron al proceso abreviado.
El juicio aún no concluye y en los primeros días de este año renunciaron dos juezas ciudadanas, también se revelaron una serie de irregularidades como el pago ilícito a jueces, direccionamiento de las decisiones judiciales para inculpar a los procesados, entre otros.
Es así que ayer en audiencia de juicio oral, el Ministerio de Gobierno decidió retirar la acusación particular y la calificó como una farsa impulsada por autoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS) con el objetivo de perseguir y descabezar a políticos de Santa Cruz.
Hoy debía proseguir la audiencia del juicio, sin embargo, se suspendió por ausencia de uno de los jueces y a petición de los fiscales, ya que ellos deben dirigirse a Sucre para sostener una reunión con el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, donde analizarán si retiran la acusación formal.
Uno de los procesados, Zvonko Matković, dijo que aguardan que la Fiscalía también retire la acusación tal como lo hizo el Ministerio de Gobierno ya que no hay argumentos suficientes para sustentar este caso.
Por su parte, el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra coincidió en que la Fiscalía debería retirar la acusación y que el caso debiera volver a foja cero para que se investigue si realmente hubo personas que armaron un complot contra el Estado o si hubo gente que armó el proceso ordenando matar personas con el fin de mantenerse en el poder.
"Yo lo que creo es que primero se tiene que anular el proceso hasta la primera diligencia judicial, se tiene que conformar una comisión de fiscales, se tiene que ver si va a habar veedores internacionales, se tiene que hacer una investigación proba e imparcial (...) Yo creo que tiene que ir a foja cero y se tiene que volver a hacer una investigación", manifestó la autoridad.
El Ministro dijo que se debe llegar al esclarecimiento de los hechos, las razones por las que se hizo la intervención en el Hotel Las Américas, para que la población sepa lo que pasó con este caso.
En abril de 2009, la Policía ejecutó el asalto al Hotel Las Américas para hacer frente a un supuesto grupo terrorista que pretendería asesinar a Evo Morales. En el operativo tres personas extranjeras murieron y otras dos resultaron detenidas, debido a que, según el Gobierno, ellos planeaban realizar un magnicidio y promover el separatismo.
Jueces se presentan a declarar por irregularidades en caso Terrorismo
Los jueces técnicos del Tribunal Primero de Sentencia, Sixto Fernández y Elena Gemio, se presentaron a declarar en el Ministerio Público, con el objetivo de brindar información sobre el desarrollo del juicio por el caso Terrorismo y explicar sobre presuntas irregularidades que se habrían cometido en este proceso.
El juez Fernández dijo que informarán todo lo que saben y será el fiscal quien lleve la investigación para esclarecer esta denuncia.
Este caso fue abierto a denuncia de los abogados Otto Ritter y Gary Prado, quienes denunciaron al exministro de Gobierno, Carlos Romero, y otras exautoridades de esa cartera de Estado por pagos ilegales a jueces para direccionar el proceso.
Prado no descartó que la Fiscalía amplié las investigaciones contra los mencionados jueces.
