Legislativo y Fiscalía dejan en el olvido cuatro polémicos casos que involucran a afines al MAS
LA PAZ |
La Asamblea Legislativa y el Ministerio Público dejaron en el olvido al menos cuatro polémicos casos, en los que se vieron involucrados exministros y dirigentes afines al MAS. Varios de ellos datan de hace más de una década y los familiares de las víctimas esperan que se reactiven para, "por fin", alcanzar justicia.
El primer caso es de hace 13 años. El 11 de enero de 2007, Christian Urresti, de 17 años de edad, fue asesinado presuntamente por campesinos y cocaleros del trópico de Cochabamba. Entonces, el Ministerio Público inició las pesquisas, diferentes fiscales asumieron la investigación, pero no tuvo avances reales.
El primer fiscal fue Marco Cossío, quien renunció, luego asumió Lilian Ferrufino, que fue acusada de esconder los identikits de los presuntos autores del asesinato de Urresti y por haber cerrado el caso. El 11 de abril de 2008, el entonces fiscal de Distrito, César Cartagena, encomendó la investigación a los fiscales Mauricio Julio y Ximena Carvallo, quienes reabrieron el caso, pero que tras el fracaso en la investigación se volvió a cerrar en 2009.
A más de 13 años y a pesar de los insistentes pedidos de activistas y autoridades del Ejecutivo para dar continuidad a la investigación y reabrir el caso, el fiscal general, Juan Lanchipa, aún no instruyó la reanudación de las pesquisas para dar con los responsables que, de acuerdo con los informes, apuntan a cocaleros del trópico cochabambino.
En los violentos enfrentamientos suscitados en la ciudad de Cochabamba en enero de 2007 murió también el campesino Juan Tika Colque, por impacto de bala, y realizadas las investigaciones y el proceso judicial se sentenció a quien se identificó como el autor a 14 años de prisión. Otro campesino falleció luego de mes y medio de internación en el hospital, producto de los fuertes golpes que recibió, sin que se hayan concluido las investigaciones y establecido la autoría del hecho.
Un segundo hecho también se registró el 24 noviembre de 2007. Es el caso La Calancha, en el que perdieron la vida Gonzalo Durán, José Luis Cardozo, por impacto de bala, además de Juan Carlos Serrudo, quien falleció por el impacto de un gas lacrimógeno.
En 2008, familiares de las víctimas presentaron una denuncia penal que incluyó al expresidente Evo Morales; sin embargo, el fiscal general de ese periodo, Mario Uribe, rechazó la denuncia y presentó requerimiento acusatorio en contra del entonces ministro de Gobierno, Alfredo Rada, y altos jefes policiales de aquella época.
El Ministerio Público trató el caso como juicio de responsabilidades y remitió el expediente a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su tratamiento. A más de 13 años, el Legislativo, controlado por el MAS, no trató la causa. El proceso contra el exministro Rada queda cada vez más lejano.
Otro hecho que no avizora justicia es el caso Caranavi. El 10 de mayo de 2010, pobladores de los Yungas de La Paz se movilizaron en demanda de una planta procesadora de cítricos. Los bloqueos en la vía de acceso a Caranavi por más de una semana, terminó con la intervención de la Policía donde perdieron la vida Fidel Hernani y David Callizaya.
Los familiares de las víctimas responsabilizaron de las muertes al exministro de Gobierno, Sacha Llorenti; al exviceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, y al excomandante general de la Policía, Óscar Nina. No obstante, el Ministerio Público los excluyó de las investigaciones. El caso a la fecha está paralizado.
Un cuarto caso es la represión en Chaparina. El 25 de septiembre de 2011, cuando Llorenti aún era ministro de Gobierno, efectivos intervinieron y reprimieron la VIII Marcha Indígena que rechazaba la construcción de una carretera que pretendía atravesar el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), además exigía el respeto a su territorio.
Los indígenas responsabilizaron a Llorenti de la orden para ejecutar la represión violenta, por ser la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE). Sin embargo, mediante resolución del 30 de julio de 2012, la Fiscalía excluyó de la investigación a Llorenti como principal sospechoso de la violación a los derechos humanos de los indígenas. La resolución fue objetada, pero a la fecha no hay una respuesta. En 2012, Morales nombró al exministro de Gobierno embajador ante la Organización de Naciones Unidas.
Anteayer se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de seis años, admitió la denuncia presentada por 64 comunidades indígenas contra el Estado boliviano, por violación a los derechos de los pueblos indígenas con la decisión inconsulta de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, y que provocó la intervención y represión violenta a la VIII Marcha Indígena en defensa de sus territorios.
