Un centenar de ONG de Bolivia y la región condenan el discurso de odio en campaña política
Alrededor de una centena de redes y organizaciones de la sociedad civil, activistas, colectivos de defensores de derechos humanos en Bolivia y la región condenan el discurso de odio como elemento de violencia política utilizado en tiempos electorales y demandan a las autoridades aadoptar medidas para combatir el racismo, la xenofobia, homofobia y la discriminación cumpliendo con los compromisos asumidos en las normas nacionales y tratados internacionales de derechos humanos.
En parte saliente del pronunciamiento, las organizaciones firmantes expresan su preocupación por la escalada de discursos de odio y discriminación generada en Bolivia en el marco del próximo proceso electoral que será celebrado el 18 de octubre de 2020, en el cual, diversos/as candidatos/as y sectores de la población han emitido declaraciones, opiniones que reproducen estereotipos y argumentos racistas, xenófobos, homofóbicos y machistas contra diversos sectores de la población, vulnerando de esta manera derechos humanos al utilizar este tipo de declaraciones como un instrumento de campaña electoral.
Recordamos que la Constitución Política del Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, filiación política o filosófica entre otros, orientados a menoscabar o restringir el acceso y goce de derechos humanos en condiciones de igualdad, y que asimismo, la Ley del régimen electoral prohíbe explícitamente cualquier acto de propaganda electoral, que por cualquier medio promueva de manera directa o indirecta la violencia, discriminación y la intolerancia de cualquier tipo.
De igual manera los órganos del sistema universal y el sistema interamericano de derechos humanos, así como sus instrumentos vinculantes para el Estado boliviano, definen con precisión la obligación de prevenir y sancionar toda forma de discriminación hacia las personas, lo cual incluye los actos de difusión que por cualquier medio defiendan, promuevan o inciten al odio, discriminación y la intolerancia.
En este marco, Naciones Unidas ha expresado su preocupación por la inquietante oleada de xenofobia, racismo e intolerancia que se ha visto incrementado en la región, donde "el discurso público se esta convirtiendo es un arma para cosechar ganancias políticas con una retórica incendiaria que estigmatiza". Asimismo, ha precisado que el discurso de odio constituye una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz, por lo que prevenirlo contribuye a poner fin a la violencia, y a promover sociedades pacíficas inclusivas y justas.
En tal razón, un candidato que esboza discursos de incitación al odio o discriminación no debería desempeñar tal rol, pues demuestra que el umbral de “tolerancia”, un valor de la democracia, hacia el otro es mínimo, se sostiene en el comunicado difundido. Cuando un actor político es el que construye la narrativa de odio el daño es mayor, pues este/a actor/a que busca representar los intereses de todos se constituye en catalizador del odio y discriminación, un tipo de violencia que reproduce estereotipos, estigmas y prejuicios socioculturales tendientes a la desvalorización y exclusión de determinados grupos y su vida en sociedad. Por tanto, su responsabilidad también es mayor.
Por todo lo señalado, las organizaciones exigen a los/as candidatas y candidatos, abstenerse de emitir discursos de odio y discriminación, que además de estar sancionados por la norma, no hacen más que alejar el clima de paz y convivencia social que el país necesita.
Asimismo, instan a las autoridades nacionales y departamentales a monitorear y a hacer cumplir la normativa nacional y estándares internacionales que Bolivia se ha comprometido cumplir y convocan a los medios de comunicación en particular y la población en general a condenar y rechazar cualquier declaración, acto, opinión que menoscabe los derechos humanos de la población, en especial, sectores en situación de vulnerabilidad, promoviendo en tal sentido, el ejercicio responsable de los derechos y libertades reconocidos a la ciudadanía que guardan armonía absoluta con los valores de una sociedad democrática, inclusiva, sustentada en la cultura de paz.
