El MAS y aliados empiezan acciones contra dirigentes cívicos por paro
Concluido el proceso de abrogación de la Ley 1386, el Gobierno y sus afines promueven una serie de acciones contra los que consideran responsables de las movilizaciones y paro indefinido en diferentes regiones del país. La persecución se inició y uno de los primeros en la mira es el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, además de los cívicos de Potosí.
Desde Santa Cruz se conoció que la Fiscalía Departamental de esta región aceptó la denuncia presentada contre el presidente del Comité, Calvo, planteada por la diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Estefanía Morales por los presuntos delitos de sedición, instigación pública a delinquir, atentado contra la libertad de trabajo y por atribuirse los derechos del pueblo.
En tanto, el asambleísta departamental por el MAS en la Gobernación de Santa Cruz Jorge Ysnado, en representación de la bancada del MAS en la Asamblea, y el diputado Rolando Cuellar demandaron la destitución de Rómulo Calvo como médico de la Caja Petrolera de Salud, además que se inicie una investigación contra el dirigente cívico.
Por otra parte, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, dijo que las pérdidas económicas alcanzan a 8,7 millones de bolivianos en las empresas estatales.
Bajo este contexto, la autoridad exigió al gobernador Luis Fernando Camacho y al líder cívico devolver ese dinero.
Organizaciones
En tanto, organizaciones cívicas afines al partido azul, en un cabildo organizado en la Ceja de la ciudad de El Alto, en el peaje que comunica a esta con La Paz, demandaron el inicio de procesos penales en contra de presuntos “subversivos y terroristas” que buscan desestabilizar el país.
Estos sectores concentrados, al igual que asambleístas nacionales, autoridades del gobernante, replican la versión de que se intento instaurar un presunto “segundo golpe de Estado”.
“Demandamos al Gobierno nacional llevar adelante los juicios para condenar con todo el rigor de la ley a los subversivos y terroristas”, refiere uno de los puntos aprobados por los progubernamentales.
Potosí
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, afirmó que ningún hecho delictivo quedará en la impunidad, tras los hechos de violencia que se generaron en la ciudad potosina que causaron la muerte de Basilio Titi, un joven campesino, y otros que resultaron heridos, además de otros daños.
“La pasada semana, lamentablemente, se han registrado no solamente incidentes, sino hechos delincuenciales acá en Potosí. Lo que corresponde como Ministerio de Gobierno es efectuar las gestiones pertinentes para que se logre el esclarecimiento”, dijo.
Agregó que “no solamente hay una muerte que tiene que esclarecerse; se ha destrozado hasta una patrulla de nuestra Policía”.
COB pide procesos por sedición
Un ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana (COB), realizado en La Paz, solicitó al Gobierno del presidente Luis Arce iniciar los juicios respectivos en contra de líderes cívicos y sectores extremistas que actúan en contra del país.
“Exigimos al Gobierno central que inmediatamente inicien acciones de manera real y contundente los procesos legales en contra de los terroristas y sediciosos de los comités cívicos y sectores extremistas, discriminadores y divisores que actúan en contra del país y a los actores intelectuales y materiales del golpe de Estado del año 2019”, indica una de las resoluciones del ampliado.
La COB censuró “la actitud pasiva e irresponsable de algunos senadores y diputados”.
