Abogados dicen que endurecer las penas no disminuye los delitos
Las modificaciones anunciadas al Código Penal y el Código de Procedimiento Penal en la Asamblea Legislativa, con el endurecimiento de penas y otros aspectos, no son la solución a la crisis de justicia que vive el país, sino parches para enfrentar determinadas situaciones que son exigidas por la población, señalan analistas y juristas.
“Es un anuncio que en el tiempo no dará ninguna solución a la problemática de la justicia en Bolivia. Agravar las penas en contra de los jueces por prevaricato, por resoluciones contrarias a la CPE y a las leyes no es la solución, porque el Estado no da los mecanismos suficientes para que haya una buena administración de justicia, además de no cumplirse con la Ley de Ejecución Penal”, sostiene el abogado penalista Eusebio Vera.
Para este jueves, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, anunció la consideración del proyecto de ley 179/2021-2022, “Por la dignidad de las Víctimas de Feminicidio, Violación Niña, Niño, Adolescente e Infanticidio”, que plantea la modificación del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, para endurecer las sanciones a operadores y administradores de justicia que favorezcan a feminicidas, infanticidas y violadores.
“Este proyecto de ley tiene que ver con el endurecimiento de penas (para jueces que incurran en prevaricato) como respuesta inmediata a la población. Sabemos muy bien que un problema muy serio son los feminicidios y violaciones; entonces, nosotros, desde la Asamblea Legislativa, tenemos la tarea inmediata de responder a estos problemas”, señaló Mamani en contacto con los medios.
Cambios
La propuesta de ley plantea la modificación del artículo 173 del Código Penal sobre prevaricato, para ampliar la pena de privación de libertad hasta los 20 años para los jueces o fiscales que dictaminen resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y otras normas, en procesos penales en trámite o en etapa de ejecución de sentencia, por delitos de feminicidio, violación e infanticidio. La pena inicial por este delito en el actual Código Penal es de cinco a 10 años.
También establece cambios en el artículo 174 del Código Penal, referido a los consorcios entre aquellos que buscan ventajas económicas de manera ilícita, en desmedro de la administración de la justicia.
El actual Código Penal determina sanciones de cinco a 10 años por esta falta y sólo alcanzaba a jueces, fiscales, abogados y otros auxiliares del servicio de justicia; con el proyecto de ley, estas penas aplicarán a “magistrados, vocales, jueces, servidores de apoyo judicial, fiscales, servidores de apoyo a la función fiscal, conciliadores, abogados, policías, peritos, médicos y trabajadores sociales”.
El Código de Procedimiento Penal también sufrirá modificaciones en los artículos 231 (bis) sobre medidas cautelares personales, y 233 sobre requisitos para la detención preventiva, entre otras modificaciones.
Hay 25 mujeres asesinadas en 2022
Un total de 25 mujeres fueron víctimas de feminicidio entre enero y el 18 de abril de este año en Bolivia, luego de que la sociedad se vio conmocionada con los dos casos más recientes investigados inicialmente como desapariciones y que tuvieron desenlaces fatales.
“Estamos en un escenario difícil donde se han reportado ya 25 feminicidios y 12 infanticidios entre enero y el 18 de abril”, reflexionó el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura.
Las regiones de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, las más pobladas del país y que constituyen el llamado “eje central”, registraron la mayor cantidad de feminicidios.
Ante esto, las organizaciones feministas vienen reclamando desde hace años que la ley contra la violencia contra la mujer, vigente desde 2013, no se cumple.
