El Canciller califica como injerencia la declaración de un funcionario de EEUU
La Cancillería de Bolivia manifestó ayer que los pronunciamientos por separado de un alto funcionario del Departamento de Estado y de algunos congresistas de Estados Unidos respecto a los conflictos por la detención de un gobernador opositor en el país “no son apropiados” y tienen un “sesgo” político.
El ministro de Exteriores, Rogelio Mayta, en una rueda de prensa, remarcó que “las relaciones entre Estados se llevan adelante en base al principio de respeto mutuo y no injerencia” y que un tuit de un alto funcionario de Estados Unidos sobre la situación en Bolivia “puede interpretarse como una injerencia”.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, manifestó en Twitter su preocupación por los “reportes de violencia” desde la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el 28 de diciembre.
Diálogo
Nichols también pidió “a todos los bolivianos dialogar por la paz y la unidad y respetar los derechos humanos, que incluyen el debido proceso y la libertad de expresión”.
Al respecto, Mayta remarcó que el Gobierno hará el “comentario respectivo” a las autoridades de la embajada de Estados Unidos en Bolivia.
El Canciller boliviano también se refirió a las manifestaciones de algunos congresistas estadounidenses, como los senadores Bob Menendez o Ben Cardin, que en una declaración conjunta esta semana expresaron su rechazo a la persecución y la detención de líderes opositores en el país.
Mayta sostuvo que esos congresistas debieran abocarse a su realidad, ya que los “sesgos” de ocuparse de otros países demuestra la “mentalidad” de “creerse un imperio y de querer estar controlando todo el mundo y ser dueño de la verdad”.
Transgresión al respeto mutuo
El vicecanciller, Freddy Mamani Machaca, señaló ayer que el pronunciamiento de Nichols podría entenderse como una “transgresión a los principios de respeto mutuo y no injerencia”.
El gobernador de Santa Cruz, el opositor Camacho, fue detenido el 28 de diciembre en un cuestionado operativo policial que lo trasladó de esa región a La Paz, en donde cumple detención preventiva por cuatro meses en una cárcel de máxima seguridad.
Camacho es acusado por terrorismo en el caso conocido como “golpe de Estado I” relacionado con la crisis política y social en 2019, debido a las protestas sociales que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
