Unodc: los cultivos de coca en Bolivia subieron 10 % en 2024
Los cultivos de hoja de coca en Bolivia registraron un incremento del 10 % al pasar las 31.000 hectáreas (ha) en 2022 a 34.000 ha en 2024, de acuerdo con un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés).
Los principales aumentos se dieron en la zona central del trópico de Cochabamba, donde la superficie se incrementó en 18 %, de 12.125 hectáreas en 2023 a 14.275 en 2024; y en la zona subtropical de los Yungas de La Paz, donde la superficie subió un 4 %, de 18.439 a 19.230 hectáreas en el mismo periodo.
En el norte del departamento de La Paz hubo una disminución de 2 %, de 486 a 478 hectáreas y también se reportó un decremento de 12 % en las áreas protegidas y parques nacionales, de las 583 hectáreas registradas en 2023 a 515 en 2024.
El informe también da cuenta de una disminución en 2,9 % en la superficie de cultivos ilícitos destruidos, de 10.302 hectáreas alcanzadas en 2023 a 10.001 el año pasado.
La Unodc recomendó al Gobierno de Rodrigo Paz continuar fortaleciendo las estrategias de control de cultivos de hoja de coca, sobre todo en las áreas protegidas, y considerar la realización de estudios para actualizar la información sobre la demanda de consumo interno con fines lícitos, entre otras recomendaciones.
Recomendaciones
Las recomendaciones de Unodc son actualizar los factores de rendimiento promedio del cultivo de coca, con la finalidad de establecer su producción potencial y fortalecer las políticas públicas orientadas a garantizar que el cultivo y el comercio de la coca se mantengan dentro de los límites necesarios para fines lícitos.
El organismo internacional recomendó incrementar medidas de control de cultivos de coca priorizando los Parques Nacionales y Áreas Protegidas.
Otra de las sugerencias señala el considerar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre el cultivo de la hoja de coca, su producción, comercialización y consumo, orientados a actualizar la información sobre la demanda de consumo interno con fines lícitos; analizar la trazabilidad y la relación entre los mercados lícitos e ilícitos. Estos insumos resultan esenciales para diseñar políticas integrales, efectivas y basadas en evidencia.
