El CEDIB denuncia un grave deterioro democrático e institucional en el país

El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) denuncia un grave deterioro institucional en el país tras el asesinato del magistrado agroambiental Víctor Hugo Claure, señalando la expansión de la minería ilegal y el agronegocio sobre los derechos territoriales. El manifiesto advierte sobre la erosión del estado de derecho ante ataques del sicariato, la estigmatización de defensores de derechos humanos y la debilidad institucional bajo la actual gestión gubernamental.

El comunicado señala que: El alevoso asesinato del magistrado y Decano del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure, en un contexto de crecimiento del poder de la minería ilegal, de la aprobación de normas sobre política de tierras en favor de su mercantilización y acaparamiento vulnerando disposiciones constitucionales que protegen derechos territoriales de sectores históricamente vulnerables, ello junto con una creciente estigmatización y ataques contra las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos ambientales y territoriales y la re emergencia de un clima de convulsión y movilizaciones sociales sin enfoque de DDHH ni estrategia hacia soluciones efectivas de la crisis, deben encender una alerta por lo que estos hechos, analizados en ese contexto, implican para una grave erosión de la institucionalidad democrática.

Ante ello, desde el Cedib expresamos lo siguiente:

MANIFESTAMOS una enfática condena por el asesinato del Magistrado Claure, expresamos nuestra solidaridad a su familia, así como a sus colegas y co autoridades del Tribunal Agroambiental quienes, con este hecho, ven amenazada su seguridad y su vida. Exigimos investigación rigurosa, transparente y con la participación no solo de instancias policiales y judiciales sino también de comisiones legislativas de composición mixta y plural.

ALERTAMOS que este hecho implica un grave atentado a la salud de la democracia, la vigencia del estado de Derecho y las garantías fundamentales. Las características de este hecho de sangre tienen el sello de los crímenes perpetrados por grupos ilegales y, por tanto, en este caso, al tratarse de una autoridad de una alta corte del Órgano Judicial cuyo rol en temas claves para la protección de los DDHH es relevante en el contexto descrito, debe subrayarse como una señal de alerta de una grave erosión de la institucionalidad democrática y la garantía de derechos, como ya lo han destacado organismos internacionales de DDHH.

Es evidente que los móviles del asesinato, si bien están investigándose, tienen relación con la compleja problemática de tierras, territorios y medioambiente, que es impulsada por el avance indiscriminado de las políticas extractivistas, en el sector de la minería, hidrocarburos y en las distintas facetas del agronegocio.

El asesinato del magistrado Claure —que no es un hecho aislado pues existen otros eventos luctuosos que lo anteceden— tiene la clara intención por sectores y grupos con mucho poder, de amedrentar, impedir e inviabilizar el funcionamiento de la justicia. La intención de estos es desalentar cualquier iniciativa institucional de hacer justicia y, al contrario, con la brutalidad de la acción sangrienta del sicariato, mostrar que las respuestas de facto por fuera de la legalidad son las que mandan. El asesinato del magistrado genera un mensaje a las autoridades de justicia, a sus funcionarios y al conjunto de la sociedad, de que el poder paralegal de los grupos criminales tiene el control del Estado por encima de la institucionalidad.

En este mismo marco de análisis, DENUNCIAMOS la escalada de señalamientos, estigmatización y campaña de desprestigio contra las organizaciones de la sociedad civil, protagonizadas principalmente por altas autoridades del Órgano Legislativo cuyos vínculos con los gremios del agronegocio son innegables y distorsionan su rol de servidores del interés colectivo.

Son estas autoridades, precisamente, las que en sus expresiones develan prejuicios sobre el rol de las ONG y los pueblos indígenas. Esta estigmatización que realizan en declaraciones públicas señala una actitud de irresponsabilidad al no sustentar sus afirmaciones con datos objetivos que permitan rebasar el insulto y el prejuicio, hecho que ha sido denunciado también por la misma Defensoría del Pueblo3 y por una larga lista de organizaciones de la sociedad civil.

Tales declaraciones están desatando una re emergencia y escalada de ataques contra las ONGs, y se constituyen en un aliciente para la violencia indiscriminada contra quienes demandan legítimamente el cumplimiento de sus derechos. Es necesario recordar que esta estigmatización y señalamientos públicos contra defensores de los DDHH eran un recurso muy utilizado en las viejas dictaduras de los setenta y por el régimen del MAS de los años recientemente pasados.

Y el Estado boliviano es parte de convenios y normas internacionales que establecen su obligación de proteger a quienes defienden los DDHH y el medioambiente.

ALERTAMOS sobre la urgencia que el Gobierno tome acciones efectivas que pongan freno a estos actos que erosionan la institucionalidad y el funcionamiento de la justicia, así como la legitimidad del rol y de los actores de la sociedad civil; la inacción ante estos hechos solo contribuiría al debilitamiento de las instituciones democráticas en Bolivia.

ALERTAMOS también que, en el contexto de grave crisis económica, varias decisiones del nuevo gobierno han debilitado su legitimidad de representación y ejecución de las decisiones enfocadas al Bien Común.

Ello está dando pie a la reemergencia de movilizaciones sectoriales cuyas agendas y  prácticas de protesta no siempre ponen los DDHH como centro ni se orientan a agendas estratégicas, sometiendo más a la población a sufrimientos extremos por la agudización de la crisis, ingresando a escenarios de una violencia que puede ser ciega y descontrolada.

La crisis económica no se solucionará con la renuncia del gobierno recién instalado, pero tampoco con decisiones de este que no cumplen con la necesaria información oportuna, completa y transparente, que permita la deliberación y amplio debate público sobre problemáticas que afectan al interés colectivo.

La experiencia de los fallidos DS 5503 y la ley 1720 debería servir al gobierno de Rodrigo Paz para reencaminar su rol y su actitud, para recuperar su legitimidad reflejada en las urnas que lo han entronizado, volviendo a escuchar el mandato de sus votantes y hacer efectivo su sometimiento a los mandatos de la Constitución.

CONVOCAMOS a toda la población boliviana a informarse y analizar en profundidad esta problemática, y sumarse individual y colectivamente a una férrea defensa de los derechos históricamente conquistados para consolidar un estado de derecho en Bolivia, que es garantía de las libertades y derechos de todos y todas. Asimismo, alertamos sobre estos hechos a las organizaciones internacionales que monitorean los DDHH en Bolivia, para contribuir con acciones efectivas y oportunas para frenar el avance de prácticas que erosionan la democracia en Bolivia.