Cinco polémicos casos de narcotráfico quedaron en la “congeladora”; ven protección
En Bolivia, en los últimos 10 meses, se han suscitado al menos cinco grandes casos que causaron polémica y consternaron al país por su relación con el narcotráfico; sin embargo, ninguno avanzó significativamente en la investigación y menos aún se tiene a los responsables de los hechos criminales.
Entre los casos destacan los siguientes en orden cronológico: la investigación contra el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) Maximiliano Dávila; el caso “narcoaudios”, que involucra también a exjefes antidroga; el desvío de 800 kilos de droga incautada en Beni; la ejecución de dos policías y un voluntario del Gacip en Porongo, y tres personas acribilladas en un solo día en Santa Cruz.
Abogados de los casos y expertos en seguridad aseguran que este retraso o “congelamiento” de los casos son provocados de forma intencional para que la sociedad “se olvide” de los mismos y se encubra estos graves hechos por parte de las autoridades judiciales, policiales y de gobierno.
“No tengo la mínima duda de que eso sucede, que está existiendo acá una intromisión económica y que también hay intereses políticos de buscar direccionar y que este caso se cierre. Yo vuelvo a decir: lamento mucho que hasta este momento el caso está paralizado, y esto es lo que hoy queremos denunciar: el caso del triple asesinato en Porongo se encuentra paralizado”, dijo Jessica Echeverría, abogada de una de las víctimas de este caso.
Agregó que hay protección a algunas personas porque “el caso Nallar es más grande de lo que todo el país piensa, por eso hay tanto hermetismo y por eso no podemos conocer las declaraciones y videos del caso”.
En el caso del exjefe antidroga Maximiliano Dávila, mencionado en un informe de la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos) como un hombre clave para la protección del tráfico de sustancias controladas, es investigado en Bolivia por legitimación de ganancias ilícitas, sin embargo, después de su detención y de la amenaza frontal al entonces comandante General de la Policía, Jhonny Aguilera, no se tuvo mayor avance en el caso.
La defensa legal de Dávila señaló a este medio que no tiene autorización para dar declaraciones como parte del contrato con su cliente. A ocho meses de su detención, sólo se conoce que la investigación se amplió a algunos familiares.
Un experto en seguridad, que prefirió mantener en reserva su identificación, dijo que los abogados utilizan diferentes recursos legales para “perjudicar” la investigación o en muchos casos para paralizar y en otros extremos a hacerlos retroceder hasta el punto cero.
“En el tema de narcotráfico es más complicado, ya que hay un vacío de silencio, la familia ni los allegados van a decir algo que los involucre”, dijo.
En el caso de “narcoaudios”, el dirigente cocalero Evo Morales, que denunció el caso en abril, señaló que en cinco meses no hubo un avance en las investigaciones.
“No se siente que haya una profunda investigación. Está en manos de la justicia los audios. Además de denunciar públicamente, hicimos llegar al Fiscal como denuncia. Esperamos que la Fiscalía obre con mucha responsabilidad”, indicó.
La fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales, admitió que el proceso se paralizó por ausencia de un juez que conozca el caso, esto debido a que mucho declinaron competencia.
Lo último se informó es que el juez de Ivirgarzama, Cochabamba, se declaró incompetente y ordenó trasladar el caso “narcoaudios” a la ciudad de La Paz.
Uno de los abogados relacionado al caso señaló que, con este traslado, el caso prácticamente “morirá”.
