La independencia político-sindical

El 25 de julio de 2016, un ampliado nacional de la COB reivindicó la independencia política de dicho ente sindical matriz. Tal posicionamiento, en un contexto de conflicto social a consecuencia del cierre de Enatex y los despidos masivos de más de 800 trabajadores, resultaba una respuesta a la afirmación del presidente Morales, que cree que el movimiento sindical debe estar subordinado a su Gobierno.

En el acto de homenaje a los 63 años de fundación de la COB, el 17 de abril, el primer mandatario había afirmado que no comparte el concepto de independencia político-sindical y, dos semanas después, el 1 de mayo de 2016, fue más agresivo, al señalar que, para un gobierno “antiimperialista” –como auto califica al suyo–, la independencia político-sindical resultaría parte de la doctrina norteamericana.

El resquebrajamiento de las relaciones gobierno-sindicatos, particularmente obreros, subsiste; y, en estos días, del 1 al 3 de septiembre, las organizaciones fabriles del país debatieron en un gran ampliado nacional la coyuntura política actual. Allí, las voces a favor de enarbolar la independencia político-sindical fueron categóricas, para la defensa de sus intereses y derechos, frente a un Gobierno del que se decepcionaron.

Pero ¿qué implicaciones tiene tal independencia político-sindical?

Para el Gobierno llega a representar una afrenta seria a la política de domesticación que implementó hacia el movimiento sindical boliviano.

Para la democracia representa mucho, porque importantes sectores de la sociedad tendrán la posibilidad de ejercer su derecho a pensar por sí mismos, en función de sus intereses y aspiraciones legítimas, y sobre todo en función de una nueva visión de país, en el que la democracia y los derechos humanos sean respetados, y el desarrollo económico nacional sea real, en un ambiente de libertades y justicia social.

Es claro que el Gobierno  extrema esfuerzos para evitar que esa independencia político-sindical cobre cuerpo, y ha recurrido al sentimiento antiimperialista de los trabajadores, para buscar estigmatizar tal independencia como proimperialista, pretendiendo mostrar que el único rol que tendrían los sindicatos es el de estar al servicio del núcleo político gobernante.

Tal estigmatización no resulta extraña, porque, en su momento, el primer mandatario no reparó en palabras con las que pretendía mostrar a los derechos humanos como obra del capitalismo.

Es hora de clarificar de qué lado en definitiva se ubicarán las posturas, tanto gubernamentales como sindicales. Más de una década de ejercicio de poder, por el partido de gobierno, da muestras sobradas que nunca tuvo convicciones sinceras a favor de las libertades (entre ellas las sindicales) de la democracia y de los derechos humanos.

Por su parte, los sindicatos tienen una larga trayectoria histórica a favor de la democracia y los derechos humanos; y más temprano que tarde saldrán para siempre de la alucinación del “proceso de cambio”, para reafirmarse una vez más en la lucha a favor de las libertades y derechos ciudadanos.

Cabe también señalar que el antiimperialismo gubernamental es sólo un mito. Se despinta en todo momento en que busca inversiones en el mismo corazón de EEUU, cada que pacta con transnacionales rusas, chinas u otras; mismas que están acostumbradas a reconocer en la práctica menos derechos laborales que las propias transnacionales norteamericanas o europeas. Su antiimperialismo falso y de papel no puede postergar más una auténtica libertad sindical en Bolivia. Finalmente, es hora de decir fuerte y claro: Presidente respete la Constitución, cuyo Art. 51. IV manda: “El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos”.

El autor es abogado y exdirigente obrero.