La dura batalla por una justicia independiente

En marzo de 2014, el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos en Bolivia identificaba, en su párrafo 41, como un problema estructural del sistema judicial boliviano, la “escasa independencia judicial y una clara incapacidad para garantizar el debido proceso”, afirmando además que ello se ha agravado.

Dos años más tarde, el Gobierno, en manos del MAS, aparentaba encarar los problemas de la justicia en el país. El 3 y 4 de junio de 2016, tras nueve precumbres departamentales, llevaba a cabo la Cumbre Nacional de Justicia, en la ciudad de Sucre.

Allí se abordaron seis ejes temáticos y dentro ellos el anuncio de considerar la reforma de los artículos 182, 188, 194 y 198 de la Constitución, sobre la elección de las máximas autoridades judiciales, idea que terminó descartada. A cambio, se presentaba al país, como los mayores aportes, el incorporar la pena de cadena perpetua para el delito de violación de niños y niñas seguida de muerte y la refundación del sistema de justicia, a partir del ejemplo implementado por la Justicia Indígena Originario Campesina.

En consonancia con su naturaleza neopopulista el Gobierno solo aparentaba encarar los problemas de fondo de la justicia, mientras en realidad buscaban burlar las exigencias de la ONU sobre una justicia independiente y el respeto al debido proceso.

Como parte del show, en enero de 2017, el Gobierno promulgó la Ley 898 de creación de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, supuestamente para mejorar los reglamentos de preselección y evaluación de las máximas autoridades judiciales y del Ministerio Público. Cuatro años después solo se tiene una mayor instrumentalización política de la justicia.

Los hechos corroboraron que nunca quisieron resolver los problemas de la administración de justicia, sino todo lo contrario. Más aún cuando surgió la necesidad del partido de gobierno, y de su jefe, de burlar, en el ámbito judicial, el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 que dijo No a la reelección presidencial indefinida.

En espera de resultados de la presunta mejora de la justicia los organismos internacionales de derechos humanos bajaron la guardia y, antes de concluir el año 2017, el entonces presidente Morales otra vez reflejaba su talante autoritario y contrario a los derechos humanos. “La llamada independencia de poderes está al servicio del imperio norteamericano” afirmó en una entrevista televisiva difundida el 20 y 21 de septiembre, a la par que empezaba a presionar al Tribunal Constitucional Plurinacional para que habiliten la reelección indefinida como si se tratase de un derecho humano.

Hace unos días el Ministro de Justicia ha hecho una propuesta de seis ejes temáticos para la transformación de la justicia, que nos recuerda el fracaso y engaño de la Cumbre Nacional de Justicia de 2016: aparentar encarar la crisis del sistema judicial para simplemente terminar reforzando la capacidad del partido de gobierno para controlarla.

Desde luego, como en 2016, los tema de la independencia, imparcialidad y transparencia de la administración de justicia que reclama el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no están como tales entre los ejes temáticos del plan de reforma del actual Ministro de Justicia.

Así, es evidente que seguiremos con operadores de justicia con camisetas azules al servicio de intereses del partido de gobierno y, parafraseando el informe del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH de 2014, después de un nuevo engaño, volveremos a constatar que la falta de independencia de la justicia y la violación del debido proceso se han agravado.

El autor es abogado y exdirigente obrero