Tardan pesquisas por muerte de 4 mineros
La Paz | Los Tiempos
A más de un mes de la muerte de cuatro mineros cooperativistas durante los enfrentamientos con la Policía, el Ministerio Público tomó las declaraciones de 83 jefes policiales y de bajo rango, hizo inspecciones en los lugares de conflicto, obtuvo estudios periciales pero, a la fecha, no encontró indicios de los posibles autores.
Contrariamente, en el caso del asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes, existen 12 personas imputadas por cuatro delitos, según detalló el fiscal General, Ramiro Guerrero, ayer durante su informe oral ante la Cámara de Diputados.
Señaló también que el excomandante de la Policía de La Paz, José Luis Aranibar, será convocado nuevamente por el Ministerio Público porque se habría encontrado contradicciones en su primera declaración. También tendrá que responder por su accionar al mando del contingente policial desplazado a Panduro pero con relación a la muerte del cooperativista minero Rubén Arapaya.
Guerrero realizó su informe ante la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados sobre el conflicto que acabó con la vida de los mineros: Rubén Arapaya (La Paz); Germán Mamani Asteti y Severino Ichota Poma (Cochabamba) y Pedro Mamani Masi (Oruro). Además, del asesinato del exviceministro Illanes, y por el que se tiene 11 cooperativistas y un abogado aprehendidos preventivamente en los penales de Chonchocoro y Patacamaya.
“Considerando la complejidad de las investigaciones aún no existen personas con imputación formal en el caso de los mineros cooperativistas fallecidos por arma de fuego, porque estos casos se encuentran en etapa preliminar en la que se desarrolla los actuados de investigación para la individualización del autor o autores de estos hechos”, explicó.
En el caso del cooperativista Arapaya declararon 38 efectivos policiales en La Paz. En Cochabamba, por las muertes de Germán Mamani y Severino Ichota brindaron sus testimonios 38 policías y 11 personas, cabe aclarar que seis uniformados declararon en ambos procesos investigativos. Por último, en Oruro prestaron su informe dos oficiales de alto rango.
De acuerdo con las estimaciones de Guerrero, en los lugares de conflicto se desplazaron alrededor de 1.800 efectivos, por lo que en el proceso de investigación la Fiscalía debe reducir en grupos pequeños para dar con los presuntos autores. “Hemos recibido declaraciones, han manifestado que por reglamento y por revisión en tres etapas ningún policía llevaba arma”.
Contradicciones
Sin embargo, Guerrero también informó que después de la declaración “extensa” del excomandante Aranibar, “se está valorando esos elementos con otras declaraciones en las que se ha encontrado y se han podido evidenciar algunas contradicciones”.
El abogado de Aranibar, Johan Muñoz, señaló que su defendido no tenía atribuciones para encarar un operativo de rescate porque ésa es una responsabilidad de los mandos superiores.
“Él simplemente estaba en el lugar para hacer el retiro de tal vez algunos bloqueos, ésa era la misión que tenía él, (pero) el campo había cambiado cuando el viceministro Illanes fue secuestrado. Él no tenía órdenes para intervenir una situación tan peligrosa y él tenía, yo creo, que permanecer al margen de este hecho; se ha hecho conocer estos aspectos”, indicó el jurista.
CONVOCARÁN A ROMERO, APARICIO Y SALAZAR
En los próximos días, la Fiscalía convocará al ministro de Gobierno, Carlos Romero, al viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio y el comandante General de la Policía, Rino Salazar, para que presten declaración informativa dentro del denominado caso Rodolfo Illanes, informó ayer el fiscal General, Ramiro Guerrero.
“La comisión de fiscales, tiene un cronograma de citación para diferentes personas, sean estas autoridades del Ejecutivo, policiales que han estado en el conflicto, también comunarios. En esa búsqueda de la verdad histórica y material, la comisión tiene prevista convocar al Ministro de Gobierno, al Viceministro de Seguridad Ciudadana, convocar a otras autoridades, convocar a algunos comandantes de la Policía”, adelantó durante un informe oral que prestó ante la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados. En pasados días, también informó que el defensor del Pueblo, David Tezanos, también debe prestar su declaración informativa sobre las muertes que se registraron durante el conflicto minero cooperativista y Gobierno. Sin embargo, en ninguno de los casos se conoce la fecha con exactitud.
